Hoy seguirá respondiendo Jorge Barata en Brasil a las preguntas que la Fiscalía ha formulado sobre las acusaciones de corrupción contra los esposos Humala–Heredia y Keiko Fujimori. Ya se ha adelantado extraoficialmente la confirmación de los tres millones de dólares para la pareja nacionalista que gobernó el Perú entre 2006 y 2011, y todavía se tiene esperanza de que se abra una puerta para que el funcionario de Odebrecht diga lo que sabe sobre otras exautoridades o autoridades en ejercicio, entre ellas el propio presidente Kuczynski.

 


Pero la sensación general en la sociedad peruana es que todavía es muy poco, que a la justicia peruana le ha quedado muy grande el saco en la tarea de destapar los escándalos más graves de corrupción de toda la historia peruana, y que, a puertas de nuevas elecciones regionales y municipales, es posible que este cáncer haga metástasis en el organismo nacional.

Definitivamente, la administración de justicia en el Perú va a pie, mientras la corrupción viaja en jet.

Demoran los procesos y expedientes, corren peligro de prescripción las causas abiertas, se ralentizan las sentencias en apelaciones interminables, olvidan los fiscales hacer las preguntas oportunas a los personajes claves, demora la construcción de los folios de extradición, se equivocan en la formulación de las acusaciones, se pelotean las responsabilidades y jurisdicciones, revocan los jueces las prisiones efectivas de manera selectiva pese a todos los indicios de recomposición de mafias, el propio mandatario de la República dilata una y otra vez los pedidos de la comisión Lava Jato para responder a las preguntas que todos nos hacemos.

Y entretanto eso sucede, la corrupción va armando su estrategia, apura el paso de cara a las elecciones de octubre próximo.

Ayer no más el alcalde distrital trujillano de La Esperanza anunció con total desparpajo su deseo de postular a la alcaldía provincial de la capital liberteña, pese a tener una sentencia por corrupción en primera instancia.

Alcalde distrital de La Esperanza, Daniel Marcelo anunció su postulación a la alcaldía de Trujillo pese a sentencia por corrupción en primera instancia (Foto: Día a Día Trujillo).

Es cierto: los cambios aprobados recientemente en materia de ley electoral demandan que la sentencia sea firme y ejecutoriada (es decir, no haya apelaciones pendientes de resolver) para que la prohibición funcione en los casos de corrupción y narcotráfico, pero es evidente que lo que recoge el espíritu de esa norma, y la no reelección aprobada con anterioridad, es la voluntad política de que los cargos públicos no se conviertan en el blindaje ideal para las mafias enquistadas en el poder.

Así precisamente lo recoge ejemplarmente el nuevo estatuto de Alianza Para el Progreso, que inhabilita a sus militantes a candidatear incluso si están solo procesados o tienen sentencia condenatoria en primera instancia. Pero el alcalde Daniel Marcelo cabildea ahora para que esa medida sea derogada.

Caso muy parecido es el que ocurre en el primer puerto del país, cuyo gobernador regional afronta serias acusaciones de corrupción de alto voltaje, la llamada “Cutra Chalaca”, una de ellas relacionada con las millonarias coimas que de acuerdo con los propios funcionarios de la empresa Odebrecht y otros colaboradores eficaces –como el ex mano derecha de Félix Moreno, el empresario israelí Gil Shavit– recibió para dar en concesión la Vía Costa Verde del Callao.

Félix Moreno postularía nuevamente bajo el controvertido Chim Pum Callao (Foto: Internet).

De acuerdo con versiones que circulan en medios y redes sociales chalacas, Moreno no solo alista su postulación para volver a la alcaldía provincial, sino que insistiría en hacerlo bajo el controvertido sello de Chim Pum Callao –cuyo fundador histórico Alex Kouri purga condena por corrupción– de la mano con el actual alcalde provincial Juan Sotomayor, que se lanzaría a la gobernación regional. Un enroque político destinado, sin duda, a mantener el estatus quo. Una mano lava la otra…

La corrupción ha penetrado los gobiernos locales como nunca se había visto en la historia. Las recientes detenciones de alcaldes de Chilca, Santa Rosa, San Bartolo y Villa María del Triunfo por tráfico de tierras, cobros indebidos, extorsiones y otros delitos, como cabecillas de bandas criminales que postularon solo para delinquir, son un pálido reflejo de lo que ocurre en el país.

Ya en 2015, cuando el Congreso aprobó la norma que impide la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, la Procuraduría Anticorrupción había revelado que de los 1841 alcaldes del período 2010-2014, estaban bajo investigación por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión 1699: el 92 por ciento. Eso sin contar con que otros 429 exalcaldes provinciales y 1326 exalcaldes distritales, con posibilidades de un eventual retorno al gobierno, eran investigados por iguales delitos.

La situación no ha variado gran cosa a 2018, como ha demostrado Transparencia en su último informe. Por eso, frente a la debilidad de las normas electorales vigentes se hace imprescindible un permanente llamado a la conciencia ciudadana para que al momento de votar por sus nuevas autoridades, establezca un filtro propio y desestime de plano a quienquiera que tenga una sombra en su legajo, indicios razonables de haberse favorecido con un cargo público o haber permitido que se cometan tropelías durante su gestión, porque eso nunca es gratuito.

Aunque la ley no les impida participar, que el voto ciudadano consciente sí les impida volver a pisar la administración pública o utilizar cualquier estratagema, como esos sospechosos enroques políticos que se van lucubrando.

 

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