Se puede decir muchas cosas sobre Martín Vizcarra. Quién sabe en verdad esté comprometido con alguna corrupción en el asunto Chinchero u otro caso. A lo mejor todo este alboroto sí sea una estrategia populista de enfrentar sus entuertos. Pero hay una realidad que difícilmente se pueda refutar: el Perú necesita reformas constitucionales en materia de conformación y control político urgentes vía consulta pública porque el poder llamado a sintonizar con la población y realizar esos cambios –el Congreso– ha sido incapaz de hacerlo, y ha demostrado una y otra vez que, en ese aspecto, su único propósito es utilizar para sus propios fines la representación que el pueblo le ha confiado.

 

 

Pero seamos justos: no es una característica solo del actual Parlamento: viene actuando así por lo menos hace tres décadas, precisamente desde que se transformó en un Congreso unicameral. Porque, coincidencias o no, todavía el Congreso Constituyente del 93, con todos sus bemoles, discutió los asuntos constitucionales más allá de la coyuntura y de los intereses particulares. Si uno revisa los debates en lo que significa organizar el Estado, todavía se discutieron argumentos y tendencias sólidamente sustentados, no pareceres desinformados y sofismas baratos como ocurre ahora.

Sí, la situación se ha agravado con el paso de los sucesivos periodos, hasta llegar a esta conformación en que una amplia mayoría –en que apenas “destacan” unos cuantos y el resto es comparsa cuya única función es votar como se le ordene– ha puesto en jaque el equilibrio de poderes, ha pretendido suplantar al Ejecutivo de facto, se ha confabulado con el Ministerio Público y ha aplastado al Tribunal Constitucional con propósitos subalternos. Lo cual demuestra que basta un poco de mala fe para que los mecanismos de control político puedan ser pisoteados y manipulados a discreción de una mayoría fanatizada, pervirtiendo el espíritu de la Constitución, reinterpretándolo a su antojo.

El Perú necesita reformas constitucionales en materia de conformación y control político urgentes vía consulta pública.

En este aspecto, el actual Congreso ha sobrepasado a sus antecesores. Por eso, hoy más que nunca, es necesaria una reforma política constitucional sobre cómo deben estar conformados y cómo deben controlarse mutuamente los poderes del Estado para que respondan al encargo que se les hace y para minimizar el riesgo de que el país viva nuevamente la profunda crisis que estamos atravesando. Si se llama “populismo” al reconocimiento de esa necesidad de reforma, entonces se ha perdido por completo la brújula democrática. Porque ante esa olla de presión solo quedaba otro camino que puede ser más efectivo y no menos democrático, pero que siempre tiene un precio muy alto: convocar a una Asamblea Constituyente.

“El actual congreso ha puesto en jaque el equilibrio de poderes, ha pretendido suplantar al Ejecutivo de facto, se ha confabulado con el Ministerio Público y ha aplastado al Tribunal Constitucional con propósitos subalternos”.

Se sabía de antemano que darle ese encargo al actual Parlamento resultaba absurdo, y lo ha demostrado con creces cuando en los debates –que se aceleraron solo ante la amenaza de disolverlo, no se olvide– no ha hecho otra cosa que desnaturalizar las reformas solicitadas por el Ejecutivo. Por eso, no debería sorprender a nadie, menos a los congresistas de la República, que, frente a la renuencia y sacada de vuelta demostradas, el presidente haya dicho una cosa un día y al día siguiente otra cuando anuncia que votará por el “no” en materia de bicameralidad, ya que tal como ha sido planteada, es una trampa para la propuesta de no reelección parlamentaria, una criollada que cualquier tonto es capaz de advertir.

Si hubiese manifestado su disconformidad durante los debates a través de sus ministros, la discusión se hubiese prolongado más todavía de lo que la habían dilatado ya provocando la cuestión de confianza. El Parlamento habría dicho que la demora ya no era culpa suya, y no se hubiese podido convocar a referéndum para este año. Habría hablado de presión del Ejecutivo para que aprueben las normas a su medida, cuando no están sujetos a mandato imperativo. En otras palabras, la mayoría fujimorista y aprista confiaba en que, apremiado por la urgencia de convocar a referéndum, el presidente –y el país– tendrían que aceptar con mansedumbre la trampa contra la no reelección en las reformas llevadas a consulta.

Modificaciones que hizo el congreso a la propuesta de bicameralidad propuesta por el Ejecutivo (Imagen: Andina).

¿Qué hacer frente a una artimaña como esa? Tal vez disguste a algunos, sorprenda a otros y parezca poco ético, pero el presidente optó por aplicar también la astucia. Está bien, se tragaría el sapo, pero nadie lo podría obligar a votar a favor de una reforma con trampa, como tampoco impedirle hacerlo público expresando sus razones, por si cobran eco en la población. Al fin y al cabo, sus ministros votaron a favor no como ministros, sino como parlamentarios, lo cual no compromete su opinión para una posible interpelación y censura, que tampoco convendría a la actual mayoría parlamentaria. No, no fue un cambio de opinión súbito: fue retroceder para dar el salto.

Es cierto que requerimos la bicameralidad, pero es más cierto que necesitamos poner freno a la manipulación impune de los mecanismos constitucionales con fines de ínfimo orden. Es cierto que con la bicameralidad el Congreso parecía funcionar con mayor sensatez, pero es también cierto que la no reelección es una urgencia, no porque necesariamente constituya una medicina eficaz contra la corrupción, sino porque el sistema político requiere coherencia para funcionar con justicia, y no la hay si unas autoridades elegidas por voto popular están impedidas de ser reelegidas y otras –las que hacen las reglas– se han garantizado a sí mismas la reelección infinita.

Nadie podría obligar al Presidente a votar a favor de una reforma con trampa, como tampoco impedirle hacerlo público expresando sus razones.

Todavía quedan en el tintero otras reformas políticas igual de urgentes, pero más radicales, como por ejemplo el establecimiento de requisitos más altos para postular a un cargo de representación popular como ser presidente, gobernador, alcalde o congresista. A estas alturas del siglo veintiuno es completamente absurdo que se mantengan criterios de siglo diecinueve, cuando Perú tenía cerca del noventa por ciento de analfabetismo y la educación superior era inaccesible para amplios sectores de la población. Entonces, era antidemocrático establecer otro requerimiento que la edad; hoy es antidemocrático establecer como único requerimiento la edad. Eso lo expliqué ampliamente en mi artículo “Las reformas políticas que faltan al referéndum de Vizcarra“.

Pero al margen de las motivaciones que tenga el presidente Vizcarra y de sus presuntas responsabilidades en hechos de corrupción, lo cierto es que el país requiere las reformas políticas que ha planteado. No solo porque un amplio sector de la población lo demanda (como se demostrará en el referéndum), sino porque esta vez acompañan la justicia, la razón y el espíritu democrático. Para ello, además, está siguiendo los mecanismos que la Constitución establece sin sucumbir al pragmatismo que llevó al 5 de abril de 1992, que es lo que algunos sectores extremistas esperarían.

 

 

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