Cuando se presentó la crisis de vacancia que desembocaría meses más tarde en la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quedó muy claro que tal como se presentan las reglas de juego político en el país, la democracia había entrado en una fase de inviabilidad. Una situación peligrosa que, si no es conjurada a tiempo, podría desembocar en una permanente inestabilidad, cuyo pronóstico a la luz de la historia ha sido siempre la disolución social.

 

Sin embargo, en estos meses (y en estos años), la clase política no ha parecido para nada interesada en atender esa emergencia. “Borrachita de poder”, embelesada por sus privilegios, amparada en los blindajes que le brindan las reglas establecidas por ella misma, cómoda en su zona de confort a costa de los tributos de todos, confía en que la erupción nunca se produzca. Supone conocer a la opinión pública, se jacta de saberla inerte y distraída en frivolidades, las fomenta incluso, y hasta se atreve por momentos a desafiarla recordándole que es ella quien le entregó el mando que considera absoluto e incuestionable.

El reciente anuncio presidencial de un referéndum para consultar a la población si desea o no la reelección de congresistas, entre otras medidas, constituye un primer paso para atender este déficit político del que la ciudadanía viene alertando desde que la nación vivió los desencantos del fujimorato y el régimen toledista. No obstante, a estas alturas, esta propuesta de reforma política –e incluso la judicial– resulta tímida y solo un paliativo.

El reciente anuncio presidencial de un referéndum para consultar a la población si desea o no la reelección de congresistas, entre otras medidas, constituye un primer paso para atender este déficit político del que la ciudadanía viene alertando.

La no reelección de congresistas se alinea con una tendencia en la elección de autoridades por voto popular. Como señaló el presidente Martín Vizcarra, su propio cargo, el de los gobernadores regionales y el de los alcaldes provinciales y distritales, ya fueron afectados en ese sentido. ¿Por qué los congresistas no? Es una ostensible falta de coherencia en los criterios democráticos que, evidentemente, necesita corregirse.

Hace unos meses, cuando se habló de propuestas similares, desde el Parlamento se adujo que la naturaleza de su cargo no involucra manejo presupuestal y que por ello era innecesario prohibir la reelección. La fuerza de los hechos ha demostrado que para participar en actos de corrupción no se requiere el manejo de presupuestos, sino la movilización de influencias y el lobismo ilegítimo, de manera que de alguna manera parte de los fondos públicos –unos “milloncitos”– lleguen a sus bolsillos “sin mover un dedo” como cupo por sus “servicios”.

Hoy la argumentación se concentra en que la no reelección paralizaría el Congreso un par de años hasta que los nuevos congresistas “aprendan” sus funciones. Asunto de relativa validez si se considera que, en su gran mayoría, los actuales representantes son nuevos, no cuentan con ninguna acreditación que garantice una gestión medianamente eficaz y brillan por su escaso o nulo aporte a la labor congresal.

Reelectos o no, esta clase de parlamentarios jamás retribuirán a la Nación todo lo que esta invierte para solventar sus curules. De modo que, si bien por coherencia es necesario que se decida su no reelección, hay un asunto de fondo que no se pone sobre el tapete porque no parece políticamente correcto: las calificaciones que debe tener un ciudadano para aspirar al cargo congresal. Lo que se conoce como “criterios de representatividad”.

en su gran mayoría, los actuales representantes son nuevos, no cuentan con ninguna acreditación que garantice una gestión medianamente eficaz y brillan por su escaso o nulo aporte a la labor congresal.

Estos criterios no han sido revisados hace casi un siglo. La Constitución de 1933 terminó de consagrar una tendencia que se venía recogiendo desde la segunda mitad del siglo diecinueve, en el sentido de eliminar las restricciones para el ejercicio de la ciudadanía y el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, bajar la valla tenía un sentido justiciero: ¿cómo imponer calificaciones académicas, intelectuales o profesionales a los aspirantes al Congreso en una sociedad cuyos niveles de analfabetismo alcanzaban al 87 por ciento de la población, con una educación básica excluyente y una educación superior cuasi inalcanzable?

En ese escenario, lo democrático era allanar los requisitos como criterio de representatividad a fin de que la gran mayoría de ciudadanos pudiese ejercer su derecho no solo a elegir sino también a ser elegido.

Pero hoy, avanzadas dos décadas del siglo veintuno, el escenario es completamente distinto; con niveles ínfimos de analfabetismo y una población con libre acceso a la educación pública en todos sus niveles, es natural que la ciudadanía no se sienta representada por congresistas semianalfabetos, o lo que es peor, analfabetos funcionales. Es natural también que, por eso, dude que un nuevo parlamentario sepa adaptarse rápidamente a las demandas de su encargo.

es natural que la ciudadanía no se sienta representada por congresistas semianalfabetos, o lo que es peor, analfabetos funcionales.

Tal situación, además, da carta libre para que los partidos políticos la aprovechen en torno de sus ambiciones, copando sus filas de personajes no solo sin mérito alguno y dudosa conducta, sino también fácilmente manejables, sumisos a sus designios sectarios antes que a los intereses de la Nación. Por eso, aunque la población rechaza su presencia, no tiene más remedio que elegir entre ellos. “Es lo que hay”…

Una foto que lo dice todo. (Foto:Correo)

Una verdadera reforma política debería considerar seriamente una actualización de los criterios de representatividad, que se extienda tanto al Congreso como a los elegidos para el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Pues al ser cargos públicos por elección no serán menos democráticos sino todo lo contrario si se rigen bajo los mismos criterios que norman la contratación de otros funcionarios de la administración pública. A estas alturas de la vida republicana, ¿por qué debemos aspirar a menos en nombre de un dudoso dogma democrático? Al fin y al cabo, se trata de nuestro dinero, de nuestra contribución, y nada más democrático que tomarlo en consideración cuando se usa.

Quizás eso solo se pueda matizar, manteniendo la perspectiva clásica, si se aprueba la bicameralidad, con lo que un Senado podría atenuar esta falta de verdadera representatividad.

Pero también ha quedado fuera el asunto de la inmunidad parlamentaria y otras formas de blindaje análogas a las autoridades judiciales supremas. Lo mismo que los criterios de representatividad, tienen una explicación histórica: en momentos en que abundaban los golpes de Estado y los gobiernos autocráticos, se consideró apropiado salvaguardar la representación nacional y la administración judicial de intervenciones voluntariosas. Hoy esa circunstancia ha quedado obsoleta.

No que sea imposible la autocracia, pero la sociedad de la información y el empoderamiento ciudadano demandan soluciones más prácticas y menos rígidas, porque las inmunidades han terminado consolidando la corrupción de funcionarios en ambas esferas, como es claro ahora. El remedio ha sido peor que la enfermedad. Y un congresista o juez, por más supremo que sea, tendría que ser no el último, sino el primer ciudadano a quien se le pueda exigir rendición de cuentas inmediata porque tienen doble responsabilidad.

un congresista o juez, por más supremo que sea, tendría que ser no el último, sino el primer ciudadano a quien se le pueda exigir rendición de cuentas inmediata porque tienen doble responsabilidad.

Finalmente, la reforma política demanda también que se desactiven algunas bombas que sucesivas asambleas constituyentes dejaron en la Carta Magna. Entre ellas, las oscuras figuras jurídicas de la “incapacidad moral permanente”, los requisitos para la destitución presidencial (que han quedado cortos), el indulto y gracia presidencial (por arbitrarios), el rol lírico de la Defensoría del Pueblo, la censura de ministros y gabinetes ministeriales, la cuestión de confianza, las causales para disolver el Congreso y la iniciativa ciudadana.

Quizás para todo ello no se requiera solo un referéndum, sino una convocatoria al Poder Constituyente, que es el verdadero primer poder del Estado porque nace de la voluntad soberana del pueblo, y cuya irrupción y decisiones no están sujetas a los formalismos de procedimiento en que actualmente se amparan las fuerzas políticas, quienes en su ceguera histórica se parapetan en su Versalles, sus minués y sus rococós contemporáneos.

Esa sería una decisión –la primera Constituyente en democracia– que haría pasar a la historia al presidente Martín Vizcarra.