A raíz de los artículos en que hemos planteado que, de acuerdo con la Constitución, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no corresponde declarar la vacancia de la Presidencia invocando la causal de “incapacidad moral permanente”, he recibido algunos comentarios en las redes sociales en relación con cuál sería, entonces, el camino constitucional en el caso a un presidente se le descubriese un ilícito previo a su mandato o durante el mismo.
No hay una respuesta fácil para eso. Es un agujero negro constitucional y jurídico. Pero, yendo al fondo del asunto –respondí– se tendrá que concordar (a mi pesar) con la propuesta de Frente Amplio de la necesidad de una Asamblea Constituyente. Espero poder explicar con claridad las razones y alcances de esa reflexión, de cara a lo que se vendría si el jueves se declara –ilegalmente, repito– la vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral permanente.
Primero entendamos que todas nuestras constituciones han nacido en el fragor de intensos conflictos políticos, durante regímenes de facto o autocráticos, y con el propósito de subsanar las carencias o aparentes carencias de la Carta anterior que, de un modo u otro, abrieron camino a esas tensiones; como una manera de salvaguardar a la Nación de vivir las mismas experiencias. Así, es necesario entender esos contextos para una interpretación apropiada.
No entraremos en detalle, pero sí mencionaremos que, por ejemplo, los requisitos para ser congresista de la República reflejan criterios de representatividad de una época. En momentos en que más del 80 por ciento de la población era analfabeta y el acceso a la educación básica y superior resultaba inalcanzable para la mayoría, era natural que si se quería una participación política (elegir y ser elegido) no se estableciera ningún nivel de educación como requisito. Así, todo congresista sería representativo.
Pero hoy que el analfabetismo ha decrecido notablemente por debajo del 5 por ciento (según la ONU, un país con menos de 3 por ciento es un país libre de ese mal), y que el acceso a la educación básica y superior está al alcance de la mano, con becas y beneficios adicionales para quienes se lo ganan con su esfuerzo, es natural también que la valla deba subir para que la representatividad sea real. Y no siga ocurriendo que la población no se sienta representada por parlamentarios semianalfabetos o evidentemente ignorantes.
Lo mismo ocurrió con los blindajes parlamentarios y presidenciales. Se establecieron en épocas en que los gobiernos de facto eran el pan del día; regímenes autoritarios –la mayoría militares– cuya palabra y bayoneta eran suficientes para desaforar congresistas o derrocar presidentes constitucionales. Tiempos en que la opinión pública carecía del peso específico que hoy tiene –salvo escasas revoluciones principistas como la que insurgió contra los hermanos Gutiérrez– y no existían los fueros internacionales. Inclusive, la interpretación constitucional estaba en manos del Poder Judicial.
Ese contexto derivó en blindajes constitucionales extremos para congresistas y presidentes que hoy, a la luz de un ejercicio político intensamente permeado por el poder económico de las grandes corporaciones en un mundo globalizado, deja a la nación sin herramientas para un adecuado control político.
Eso es notorio en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. La sospecha de una actuación poco ética o incluso ilegal en la función pública como ministro de Estado no tiene cómo ser canalizada por vías constitucionales, asunto que es aprovechado políticamente por sus adversarios para aplicar de manera indebida una figura que resulta ambigua en su semántica.
Aprovecho para un paréntesis. Mucho se sostiene que la aplicación de la vacancia por incapacidad moral permanente en el caso de PPK es legítima porque se usó con Fujimori y ahí conviene recordar el refrán de “quien a hierro mata, a hierro muere”: los sectores políticos que apoyan al presidente deben pagar el costo político de haber aplicado mal esa figura en el año 2000. Cuando Fujimori renunció, los caminos parlamentarios para la vacancia eran dos: o aceptaban la renuncia o declaraban vacancia invocando la ausencia permanente del mandatario. Al calor de la contienda política, eligieron usar la figura de “incapacidad moral permanente” para que la sanción tuviera visos de futura responsabilidad penal. Ahí el precio.
Pero lo propio ocurre en el caso de los congresistas. Tal es el blindaje de inmunidad del que se han investido a sí mismos que, en la práctica, cuando existe una mayoría como la del fujimorismo hoy, es altamente improbable que se pueda echar el guante a parlamentarios cuya conducta ha sido abiertamente ilegal, como es el caso de los muchos que han mentido en sus hojas de vida y falsificado documentos, o que deben millones de soles en impuestos. Existe un camino judicial, es cierto; pero terriblemente engorroso si no hay voluntad política.
Es imperfecta, pues, la democracia; e imperfecta la Constitución. Podríamos seguir arreglándonos con ella tal como está, se podrían realizar algunas reformas, pero por las mismas razones expuestas –falta de voluntad política– es también altamente improbable que la actual conformación parlamentaria y cualquiera que accediese a un periodo regular, tome el toro por las astas y decida realizar ajustes en el control político alineados con la época.
Otorongo no come otorongo.
Difícilmente el Congreso tal como está quiera perder la prerrogativa de, usando la interpretación espúrea de “incapacidad moral permanente” como “conducta moral altamente reprochable”, tener en sus manos al presidente cuando no convenga a sus intereses. Difícilmente el Congreso actual quiera despojarse de alguna cuota de inmunidad, de potestades presupuestarias o subir la valla de requisitos para integrarlo.
Eso solo lo podría hacer un poder constituyente. Uno que sea investido con el mandato específico y claro de reformar expeditivamente, y por la vía de amplios consensos y progresivas consultas ciudadanas, los mecanismos de control político de la Constitución, con el ojo en la lucha contra la corrupción. Incluyendo los gobiernos locales y regionales. Eliminar esos agujeros negros constitucionales y jurídicos.
Eso solo lo podría hacer un poder constituyente. Uno que sea investido con el mandato específico y claro de reformar expeditivamente, y por la vía de amplios consensos y progresivas consultas ciudadanas, los mecanismos de control político de la Constitución.
Pienso que la materia económica debería estar excluida del mandato constituyente, para garantizar la estabilidad del país. Porque el problema es que lo político sigue manteniendo las cuerdas separadas de lo económico, y eso, como se ha visto, es nefasto.
Esta sería una oportunidad de oro para Pedro Pablo Kuczysnki de dejarnos un legado que, si bien no fue el que soñó cuando ascendió a la Presidencia, sería mucho mayor de lo que él mismo se habría imaginado. Aprovechar esta coyuntura política de su inminente destitución para garantizar la renuncia tanto de Martín Vizcarra como de Mercedes Aráoz y convocar a una Constituyente en democracia. Y como pide la ciudadanía, ¡que se vayan todos!
Perderán todos los políticos, incluyendo el fujimorismo, pero ganará el Perú.
