Las políticas previsionales surgieron en el último siglo con el fin de proveer de los instrumentos necesarios a las personas cuando las fuerzas o condiciones para resolver sus necesidades diarias les fallasen, sea por razones de salud (enfermedades o accidentes), por edad avanzada o debido a la muerte de quien sustentaba sus gastos.

 


Precisamente incentivando u obligando a la previsión, el Estado evita que un importante sector de la población padezca situaciones de desamparo. De lo contrario, se vería forzado a brindarle atención y sustento con el dinero de todos.

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Es fácil comprender la necesidad de tales políticas: si el Estado asumiese la atención previsional de tales personas echando mano del erario, ¿por qué no habría de hacerlo también de todos los demás? La responsabilidad previsional es, principalmente, de los individuos. Al Estado corresponde establecer las políticas al respecto, no solventarlas.

En ese sentido, existen dos caminos posibles, ambos ya transitados: o los aportes previsionales los administra el sector público o los administra el sector privado.

 

Estatal Oficina de Normalización Previsional (ONP) es el primer deudor previsional (Foto: Internet)

En el primer caso, por lo menos la experiencia nacional ha sido nefasta. El dinero de los aportantes privados terminó diluyéndose en la gran bolsa estatal, transformado además en el primer deudor previsional, al no derivar oportunamente los aportes de los trabajadores públicos. Y, como las cuentas no son individuales, el nivel de las pensiones dependía de la buena voluntad de los gobiernos, sin opción a reclamo.

En ese contexto, caía de maduro a principios de los años noventa, cuando se produjo una gran apertura de la economía y se privatizó la actividad empresarial del Estado, que la actividad previsional debía pasar a manos privadas.

El modelo que se eligió en aquel momento fue el de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), de inspiración chilena. Se promovió ese esquema como la panacea de todos los males pensionarios; se prometió el Edén de jubilaciones verdaderamente dignas y justas, de la transparencia en el manejo de los aportes gracias a la individualización de los fondos. Veinticinco años de ese modelo han demostrado lo contrario.

La situación previsional de los pensionistas peruanos no ha mejorado mucho respecto de lo que ocurría con el antiguo sistema público. Por eso, la impopularidad de las AFP ha ido en aumento.

El año pasado, Chile protagonizó una gran protesta en contra de las AFP (Foto: Internet)

Los defensores de este sistema alegan que las AFP no han tenido todo el éxito que se prometía y esperaba debido a que, por una parte, subsiste la competencia de la ONP, y a que, por otra, el Estado ha impuesto un modelo obligatorio que contradice los principios del libre mercado, impidiendo a los aportantes peruanos elegir (aunque esto signifique solamente elegir entre una AFP y otra).

Otra razón por la cual las AFP han perdido competitividad, alegan estos defensores, es la concesión que ha hecho el Estado a iniciativas legales que permiten, por ejemplo, el retiro anticipado de los fondos, la disposición del 25 por ciento para compra de viviendas o el retiro del 95,5 por ciento del fondo total al jubilarse.

Frente a este panorama, la visión estatista vuelve a la carga. La Comisión de Protección Social (CPS), que entró en funciones este año por iniciativa del Gobierno de PPK, ha propuesto que se forme una entidad centralizadora, que podría ser un ente público o un monopolio regulado, para administrar los fondos, elegir a los inversores en nombre de los jubilados, pagarles sus pensiones y desplazar así a las AFP.

La gran debilidad de esta propuesta –la misma de que adolecen las AFP y la ONP– es que plantea inventar algo que ya existe, y que ese invento le volverá a salir más caro al jubilado, con lo cual la posibilidad de que disfrute de una pensión digna seguirá siendo lejana.

Burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil”, aseveró alguna vez el pensador mexicano Carlos Castillo Peraza. En el caso de las políticas previsionales, cuya naturaleza es tan sensible porque se desarrolla alrededor del ahorro de las personas y de su futuro, la afirmación cobra una fuerza dramática.

No se necesita inventar nada para remediar el tema previsional. Como diría Ludwig Heinrich Edler von Mises, “Solo a los burócratas se les puede ocurrir que establecer nuevas oficinas, decretos y aumento de empleados estatales pueden ser medidas positivas y beneficiosas”. No se necesita una comisión del Congreso para saber que los expertos en el manejo de los ahorros se llaman bancos y en el Perú hay una entidad que los supervisa, la SBS.

El economista y catedrático de Centrum Católica, Carlos Urrunaga, demostró en su momento que un jubilado puede tener una mejor pensión al colocar su dinero en una cuenta común y corriente que al mantenerla en una AFP.

Actualmente, el promedio de las pensiones en dólares o en soles bordea los 800 soles. Se requiere un ahorro de cuanto menos 180 000 soles para obtener una pensión de 850. En cambio, con ese monto depositado en un banco o caja de ahorros a plazo fijo de un año se puede obtener una pensión de 900 soles, explicó Urrunaga, con la ventaja adicional de que el fondo es totalmente suyo y no se va reduciendo, sino todo lo contrario.

Cuadro comparativo de ahorro independiente versus AFP (Fuente: Universidad con Criterio).

Y estamos hablando solo de instrumentos financieros convencionales, ya existentes. Porque, si de obligatoriedad se trata y de plazos mayores –que evidentemente favorecerían a las instituciones bancarias–, un antecedente existe: el de las cuentas de CTS.

Entonces, ¿por qué si la solución está a la mano y no requeriría implementar nada –salvo una simple disposición legal desde el Ejecutivo– se le da tantas vueltas al asunto y se vuelve a pensar en las mismas salidas de siempre, en incrementar la burocracia, en la tercerización innecesaria, que siempre perjudican el bolsillo de los aportantes y los contribuyentes?

Porque no es ese el bolsillo en que se está pensando, obviamente.

Por lo menos los defensores de las AFP lo dejan claro y lo reiteran sin ambigüedad: toda opción que permita a las personas disponer de sus ahorros libremente haría quebrar el sistema. Es decir, las personas deben seguir obligadas a capitalizar a estas empresas… y a pagar una comisión por esa capitalización obligatoria.

¿No que la falta de un mercado verdaderamente libre es lo que les impide ser más competitivas y rentables? ¿O se refieren a un mercado libre solamente para ellas?

Que no se vuelva a los modelos monopólicos de antaño, como propone la CPS. Estamos de acuerdo: que haya un verdadero libre mercado libre de intervención del Estado, pero no solo para que las instituciones financieras (bancos, AFP, aseguradoras, cajas de ahorro) compitan entre sí por ofrecer los mayores beneficios posibles a los aportantes, sino también para que estos decidan libremente dónde colocar su dinero. Porque, se no olvide: es dinero suyo.

 

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