Las instituciones del Estado deben potenciar su trabajo de capacitación, sensibilización y apoyo económico a las mypes para que alcancen la certificación de los programas de cumplimiento en sus organizaciones, sostuvo la presidenta de la World Compliance Association (WCA)-Capítulo Perú, Mónica Huertas.
La experta Huertas Dorrego, Presidente en World Compliance Association evaluó las acciones que ejecutan las entidades de los sectores público y privado para acatar lo dispuesto en la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Recordó que, a raíz de la promulgación de la citada ley, en abril del 2016, muchas empresas optaron por implementar sus programas de compliance corporativo en sus organizaciones. A la fecha, refirió, “hubo un avance significativo en comparación con lo que ocurría hace tres o cuatro años en el Perú”.
“Nosotros, en la WCA, certificamos programas de cumplimiento y vemos que cada vez más, gracias a las leyes que se promulgan en el país, las empresas adoptan estos programas que antes solo se implementaban en las subsidiarias o afiliadas a los grupos económicos globales”, precisó.
Exigencias
Desde las matrices, refirió, les exigían cumplir con los modelos de cumplimiento por la aplicación de normas extranjeras, pero con la Ley N° 30424 se adoptan mucho más y se ve el crecimiento en las organizaciones nacionales.
“Las grandes empresas y parte de las medianas son las que pusieron en marcha programas de cumplimiento corporativo. En comparación, las Mipymes suelen demorar un poco más, por el tema de costos que están asociados a su aplicación o por la estructura de la empresa, con pocos trabajadores”, recalcó.
De todas maneras, expresó, estas pequeñas o medianas compañías tratan de avanzar en estos estándares que les exigen las grandes organizaciones, pues al constituirse en sus proveedores se le pide que cumplan con estos programas.
“Es una rueda. Las grandes tienen los programas de compliance, pero homologan, auditan o exigen a sus proveedores que estén en esa línea. Entonces, los ‘chicos’ también quieren, ya que muchas veces se ven reprimidos por el tema económico o por estructura, pues no hay una persona que pueda asumir esta función de cumplimiento”, explicó.
En este contexto, la presidenta de la WCA-Capítulo Perú resaltó los avances en la legislación e implementación de los modelos de prevención, pero afirmó el proceso “debería ser mucho más potente, pues hay muchas pymes que no saben que existe este subsidio que da el Estado, por ejemplo”.
“La debilidad de las pymes es que tienen muchas ganas y obtienen los fondos para pagar una implementación, pero no cuentan con el personal adecuado para entender todos los requisitos o la norma”, afirmó.
Agregó que la dirección de la organización asume el liderazgo para cumplir con la norma, “pero nos encontramos con un muro cuando tratamos de explicar la normativa a una persona que no está plenamente capacitada”.
La experta reveló que el personal de las pymes muchas veces no sabe ni cómo funciona un canal de denuncias o qué es un oficial de cumplimiento. “Entonces, ¿cómo avanzamos con estas pequeñas empresas que tienen muchas ganas, pero que no pueden ir más lejos por el grado de instrucción o el personal que muchas veces es empírico?”, se preguntó.
Por lo tanto, enfatizó, desde la sensibilización, el sector público debería avanzar mucho más con sus programas, como Innóvate, de subsidios, para promover las certificaciones de los modelos de cumplimiento.
“La idea es hacerlos más públicos y que lleguen a todas las pymes y que no se tengan que enterar, por ejemplo, por nosotros que los difundimos”.
“Es importante que haya mucha más difusión, sensibilización, capacitación y apoyo económico con estos subsidios. Todo esto se está dando, pero falta mucho más empuje, mucha más información también en todos los sectores, porque presentarse a un subsidio es bien complicado”, subrayó.
Huertas resaltó que existe un compromiso muy grande del sector privado con los programas de cumplimiento con la conformación de gremios, lo cual logrará un mayor avance del compliance.
“Existen muchas asociaciones que están implementando reformas para implantar códigos de conductas, sanciones y tratar de utilizar la legislación, ya sea la Ley N° 30424 o las ISO 37001 y 37301 en muchas organizaciones”, puntualizó.
Análisis de impactos
Mónica Huertas participará en el V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción que se efectuará de forma virtual el 18, 19, 20 y 21 de octubre próximo, el cual reunirá a expertos en la materia.
La directora asociada de Intedya reveló que en la cita se programó un bloque especial dedicado al sector privado y los modelos de prevención.
Participará la superintendente adjunta de asesoría jurídica de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), Liliana Gil, quien abordará los Lineamientos del Modelo de Prevención.
Mientras, dijo, la socia líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC, Nancy Yong, tocará el impacto del modelo de prevención en la continuidad de las empresas.
Huertas sostuvo que se organizará un panel de líderes de cumplimiento de las empresas 3M, Newmont y Alliance for Integrity que hablarán sobre la implementación.
“Mediante nuestro Comité de Pymes desarrollaremos el taller (Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención de acuerdo con la Ley N° 30424-Pymes) en el que contaremos con la presencia del superintendente Adjunto de Riesgos de la SMV, Alejandro Rabanal”, detalló.
Según la Contraloría General de la República, en el 2020 se perdieron 22,059 millones de soles por efectos de la corrupción e inconducta funcional. Con ese dinero, que representa el 12.6% del presupuesto nacional, se hubiera podido reducir la pobreza monetaria en el Perú, que afecta a nueve millones de peruanos, anotó.
