Trato de entender en qué sentido la llamada Ley Mulder afecta la libertad de prensa. Como periodista, es un deber sagrado defender esos fueros, pues su ejercicio es fundamental para el desarrollo de la ciudadanía y el estado de derecho. Por eso, intento digerir los argumentos por los cuales, según los propietarios de los grandes conglomerados mediáticos, los gremios que los agrupan y el Estado, se estarían vulnerando las libertades de expresión, información, opinión y difusión que consagra la Constitución.

Al Estado peruano lo comprendo: el uso racional de los recursos públicos no ha sido precisamente su fortaleza a lo largo de la historia republicana, y se pondría la soga al cuello si aceptase que se le prive de la liberalidad de pagar publicidad a los periódicos, radios y televisoras que les resultan útiles o afines, así como castigar a los que le son adversos, sobre todo en el caso de los gobiernos municipales y regionales cuando algún proceso electoral asoma en el horizonte.

Pero más allá de eso, efectivamente le asiste el deber de defender la libertad de información que tiene la ciudadanía, aunque hoy existen muchas nuevas formas, baratas y eficaces, en que ese derecho puede ser atendido sin ningún problema.

La controvertida ley que ha generado una ola de indignación de los propietarios de conglomerados de medios y gremios de prensa.

Es necesario recordar que la llamada “libertad de prensa” no existe bajo ese nombre en el ordenamiento jurídico del país. Y mucho menos, para referirse a supuestos privilegios de la profesión y el negocio de los medios de comunicación, de las empresas involucradas en esa actividad. Lo que existe en el artículo 2, inciso 4, son las cuatro libertades mencionadas para todas las personas: a la información (de ida y vuelta), la expresión, la opinión y la difusión, a las que se suma la libertad que tiene cualquier persona también de fundar medios de comunicación.

El término “libertad de prensa” tiene sus orígenes en el nacimiento de la comunicación masiva a través de la tecnología del momento (siglo dieciséis): la imprenta. Hacía referencia al reclamo de aquellos ciudadanos (intelectuales, escritores, artistas, religiosos) para poder publicar y difundir sus libros y demás producciones sin censura previa por parte del Estado o de cualquier ente que se arrogase ese derecho de decidir lo que se podía o no imprimir (la iglesia, la universidad, el Rey, la inquisición).

De modo equívoco hoy se utiliza la expresión como sinónimo de algún privilegio del gremio periodístico o de las empresas de comunicación masiva, la “prensa”. Quizás por esa misma razón, para que nadie entendiese de una manera tan restrictiva esas libertades, tanto las declaraciones de derechos humanos universales como la Constitución peruana hablan de información, expresión, opinión y difusión, no de “prensa”. En otras palabras, la profesión y el negocio periodístico gozan de las mismas libertades que el resto de ciudadanos, pero no detentan el monopolio de estas, ni siquiera si se trata de fundar medios de comunicación.

tanto las declaraciones de derechos humanos universales como la Constitución peruana hablan de información, expresión, opinión y difusión, no de “prensa”.

Entonces, cuando hoy hablamos de “libertad de prensa” para referirnos a esas libertades, no podemos, sin pecar de malicia y mala fe, confundirla con la “libertad de empresa”, que es otro cantar muy diferente. Por tanto, ¿en qué sentido que se le prohíba al Estado gastar en avisos publicitarios en empresas de comunicación privadas puede significar un atentado a esas libertades ciudadanas?

Como hemos mencionado, la única relación que existe entre ese gasto publicitario y alguna de las libertades involucradas con el concepto de “libertad de prensa” es la posible falta de acceso de un sector de la población a información estatal que le es necesario conocer. Pero si así fuese –y el congresista Mauricio Mulder, con quien tengo muy pocas coincidencias, ha demostrado que no es tan cierto–, se trataría de una materia que atañe y afecta a la población, más no tendría por qué afectar a las empresas periodísticas, a menos que –como todos sabemos– lo que realmente importe no sea el interés público, sino sus finanzas.

En otras palabras, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿Y por qué, en un supuesto modelo de libre mercado, los peruanos debemos financiar o subvencionar a empresas que de otro modo estarían quebradas? ¿Acaso eso mismo no demuestra su incapacidad para generar modelos de sostenibilidad empresarial real, como están obligadas a hacer todas las empresas del país? Cuidado con lo que nos quieren vender.

Nunca mejor aplicado como en este caso el viejo refrán de la empleocracia y el mercantilismo colonial: “Vivir fuera del presupuesto (del Estado) es vivir en el error”.

Escuchaba al presidente del Consejo de la Prensa Peruana señalar que lo que les preocupaba no era la pauta estatal, sino “que la voz del Estado no llegue a comunidades alejadas” y que “lejos de afectar a los medios consolidados grandes, va a afectar a los medios pequeños de las provincias”, mientras los comentaristas radiales aplicaban todo su esfuerzo en indignarse por el supuesto atropello a la sagrada libertad de prensa.

He tratado de entender en qué sentido eso resulta cierto, cuál es la relación entre la Ley Mulder y ese derecho, al punto de colocarnos en un supuesto peligro de censura al estilo totalitario. Con sinceridad, no lo encuentro. Quizás alguien consiga desasnarme…

Lo que sí se descubre esta mañana es el Plan de Publicidad de uno de los gobernadores regionales más controvertidos del país, Félix Moreno, que destina por lo menos 8,6 millones de soles a la publicidad de su gestión durante este año electoral. Millón y medio para diarios y revistas, medio millón para radios y más de cinco millones para canales de televisión. Del bolsillo de todos los peruanos.

Callao: 8,6 millones en publicidad gastará gobierno regional en plena campaña

¿Y qué se va a promocionar? Nada menos que la obra por la que se le acusa, con el testimonio de varios colaboradores eficaces, de recibir coimas de Odebrecht: la Costa Verde del Callao. Una pauta destinada a los principales medios de comunicación, que conocen perfectamente las intenciones de Moreno de reciclarse como alcalde provincial, intercambiando puestos como en un juego de sillas con el actual alcalde Juan Sotomayor, también de Chim Pum Callao. Cuántas otras autoridades estarán haciendo lo mismo…

¿Esa es la “libertad de prensa” que se defiende?

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(Lima, 1966) Escritor, periodista, poeta y docente peruano. Ha editado, dirigido y producido diferentes diarios, revistas y noticiarios. Ha publicado dos novelas (El Diario de la Mafia y Patio de Bestias) y tres poemarios (Viaje de Abraham, Muro del Tiempo y Anatomía Infinita).