Las circunstancias obligan a una segunda editorial del día. El presidente de la República ha contestado las preguntas de los periodistas de cinco canales de televisión, a quienes atendió en Palacio de Gobierno. Resultado: quedó muy claro que Pedro Pablo Kuczynski es una persona negada para las comunicaciones, que no sabe exponer con claridad y desenvoltura sus ideas y moverse más allá de los libretos sin quedarse mudo o trastabillar.

 

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Pero más allá de esa sensible carencia que lo expone a generar poca simpatía en la opinión pública, respecto del fondo de las acusaciones que se le hacen, algo quedó muy claro sobre las dudas sobre su conducta cuando fue funcionario público durante el régimen de Alejandro Toledo: fue, a lo sumo, de ostensible negligencia.

Puntualmente, las baterías de los periodistas se concentraron en el depósito que aparece en su cuenta personal por parte de su empresa Westfield cuando ya era ministro de Estado y el tipo de relación que tenía con esta durante ese periodo.

El presidente insistió en señalar que ya había depuesto su cargo en el Directorio y había abandonado toda gestión. Pero que, como accionista de la empresa, debía seguir recibiendo sus dividendos, y que ese depósito formaba parte de los tales.

Sobre lo primero, pese a las preguntas insistentes de Rossana Cueva, no pudo establecer con documentos que se haya desligado formalmente de la gestión o la dirección de Westfield, y la haya encomendado a su socio Gerardo Sepúlveda, como sostuvo. Este punto es el más importante puesto que sería el elemento que colisiona con el artículo 126 de la Constitución.

Acerca de lo segundo, lo que tampoco se pudo esclarecer es si ese abono de 380 mil dólares provenía de lo que Westfield había obtenido por sus asesorías a Odebrecht, o en todo caso, qué parte de los seis millones de dólares recibidos en dividendos provenían de los contratos firmados por Sepúlveda con la empresa brasileña. El mandatario se limitó a señalar que Odebrecht representaba muy poco respecto del grueso de ingresos de Westfield, que provenían en su mayor parte de inversiones en la industria del petróleo de Texas.

Hasta este punto, como se puede apreciar, nada está suficientemente claro. La defensa presidencial incluye una reflexión, no poco considerable: si sus ingresos y actividades estaban empañadas por ilegalidades, ¿lo habría declarado a la Sunat, bancarizado y hecho público?

Por otra parte, si se observa el artículo 126 de la Constitución, que ahora es el argumento central de los promotores de su vacancia, se puede observar que en ningún sentido prohíbe que los ministros puedan ser propietarios de empresas, sino gestionar lucro para ellas, seguir dirigiéndolas. Y eso se ajusta a la realidad cuando se piensa que un ministro no es un funcionario público de carrera, sino que suele provenir del sector privado para dedicar algunos años a esta tarea.

También permite considerar que la lógica empresarial, sobre todo en los sectores financieros y bursátiles, no es fácil de entender, ni se puede simplificar de la manera en que lo hacen muchos congresistas y periodistas, que jamás han tenido ninguna experiencia en esos sectores. Simplificación que solo termina por exacerbar los ánimos colectivos.

Dicho todo esto, lo que cabe preguntarse es, ¿justifican estas dudas puntuales, que deben ser materia de investigación exhaustiva, determinar una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Evidentemente no.

Como ya hemos explicado reiteradamente, la figura de la “incapacidad moral permanente” no calza en esta situación. Fui incluida en la Constitución para otras circunstancias, en que un presidente pueda sufrir la pérdida de sus capacidades intelectuales, de modo que ya no pueda tomar decisiones de índole “moral” (distinguir lo bueno de lo malo). Algunos abogan por hacerla extensiva a las conductas consideradas “inmorales”, pero el grave problema, como se puede apreciar hoy, es que eso termina sujeto a motivaciones políticas subjetivas.

Por otra parte, como también han señalado muchos juristas, ¿qué pasaría si habiéndosele vacado, se demostrase su inocencia?

¿Y si se destituye al presidente y luego se demuestra que era inocente?

Debe ser por eso mismo que la Constitución blinda al presidente en el artículo 117, con excepciones muy puntuales, a fin de que ningún voluntarismo o decisión política (que según la congresista Bartra, es la causa por la que se le quiere vacar) le impida terminar su mandato al cabo de los cinco años de ley.

En resumen, PPK no ha sabido explicarse bien y tiene un pésimo manejo de su comunicación. Con alguna probabilidad fue muy negligente en sus asuntos empresariales y la adecuada formalización de su alejamiento de la actividad privada mientras fue ministro de Estado. Dio versiones contradictorias y efectistas en campaña. Tuvo un pésimo manejo político en su relación con la Comisión Lava Jato. Y probablemente no dé la talla presidencial.

Pero, ¿son suficientes razones de hecho y de derecho para destituirlo? Insistimos que no. Alejandro Toledo dio muchísimas más razones objetivas para ser vacado, no antes de su mandato, sino durante el mismo, ¡y de manera flagrante! Sin contar las innumerables mentiras que se le descubrieron a lo largo de su campaña y de su gobierno. Y su incapacidad como gobernante bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Pero cuando se pensó vacarlo, el APRA y el fujimorismo que hoy lanzan llamas para destituir a PPK le perdonaron la vida.

Por esas razones, habiendo escuchado al presidente, considero aún que la vacancia es un despropósito con fines subalternos.

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