Escribe Manuel Cadenas Mujica
Tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de la República se encuentran plenamente facultados para realizar las acciones que crean convenientes, desde sus ámbitos de acción, a fin de custodiar los bienes que les han sido confiados por la Nación, siempre que aquellas acciones se ajusten a la Constitución.
En ese sentido, nadie puede negar la importancia de la iniciativa parlamentaria para autorregularse y evitar el llamado “transfuguismo” mediante ley. No obstante tampoco puede olvidar nadie que correspondía al Tribunal Constitucional evaluar, a solicitud de 41 congresistas, si para ese propósito parlamentario se vulneran derechos y normativas vigentes.
Es encomiable el esfuerzo del Parlamento por evitar la fragmentación parlamentaria y garantizar que la dinámica de fuerzas siga representando, en lo que resta del periodo, la voluntad soberana de los electores al momento de emitir su voto, de tal modo que el encargo congresal no se convierta nuevamente en una mercancía que negociar a precio de mercado, como ha ocurrido en otros momentos.
Sin embargo, resulta injusta la afirmación de que con el fallo –todavía no oficial– del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional en parte la “Ley Antitransfuguismo” (que impedía a los congresistas independientes construir nuevos grupos o adherirse a otros si son separados o si renuncian a sus partidos), este órgano se convierte en un promotor de la atomización parlamentaria.
El propósito del Parlamento, repetimos, es legítimo; pero corresponde al Tribunal garantizar que una finalidad loable no justifique medios inconstitucionales.
El llamado “transfuguismo” es un problema político, en tanto el fallo del TC es de naturaleza jurídica. El propósito del Parlamento, repetimos, es legítimo; pero corresponde al Tribunal garantizar que una finalidad loable no justifique medios inconstitucionales.
Si una mayoría del Congreso de la República desea seguir adelante con su objetivo, en buena hora; pero tendrá que asegurarse ahora de que las propuestas que desarrolle, por precipitadas e interesadas, no contravengan principios constitucionales, y así evitar nuevas objeciones. De seguro, si las medidas que propone son bien meditadas y consultadas de manera serena, aquello no ocurrirá y se logrará quizás poner freno en parte a las curules golondrinas.
No obstante, es importante verificar que los verdaderos promotores de la atomización parlamentaria no son los miembros del Tribunal Constitucional ni tercero alguno, sino los propios partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras. Ellos son los verdaderos responsables, pues nadie más elige a los candidatos de sus listas al Parlamento. Si ya en funciones hay tránsfugas en sus filas es porque sus filtros no funcionaron o porque, en realidad, nunca existieron.
Si uno revisa la historia parlamentaria de las últimas décadas encontrará que en las bancadas de los partidos más consolidados institucionalmente, como el Apra, el PPC o Acción Popular, por ejemplo, ese tipo de deserciones se han dado muy ocasionalmente, en casos muy puntuales y aislados. Han sido, en buena cuenta, una rareza.
los verdaderos promotores de la atomización parlamentaria no son los miembros del Tribunal Constitucional ni tercero alguno, sino los propios partidos políticos.
No así en cambio con las agrupaciones políticas forjadas en el apuro electoral, cohesionadas alrededor de un caudillo o diseñadas como vientre de alquiler. Son estas las que terminan fragmentándose porque sus piezas están pegadas con saliva. Son estas también en las que se descubren los escándalos sobre el pasado oculto o falseado de sus integrantes, trayectorias morales y hasta penales que permiten comprender por qué, dadas ciertas circunstancias, es imposible esperar de ellos ninguna consistencia o lealtad cuando se les presenta la posibilidad de un mejor postor político.
La “Ley Antitransfuguismo” resulta de este modo solo una panacea que no soluciona el problema de fondo: la falta de real institucionalidad partidaria, la existencia de apenas un remedo de ella.
Y en la actual coyuntura, en que la principal fuerza parlamentaria fundamenta todo su capital político en la posibilidad de votar en bloque, es nada más un intento desesperado por no caer en la bancarrota a fuerza de deserciones. Buscar mecanismos para burlar el control constitucional, bajo la excusa de la filtración de información que se produjo, comprobaría esa desesperación.
Felizmente, con todas sus imperfecciones, los mecanismos constitucionales siguen funcionando y velando porque los espacios democráticos no pierdan su carácter para beneficio particular de nadie.
