Entre los pocos congresistas de la República identificados con el tema regulatorio está Yonhy Lescano, de Acción Popular. “Me meto mucho en eso”, reconoce. Y comparte la percepción de que no se exagera al considerar el último año como uno de los más críticos y escandalosos en la historia peruana reciente en cuanto a la materia regulatoria. Es como si de pronto se hubiera destapado una olla a presión.
– ¿Cómo está mirando este momento?
En primer lugar, tenemos un Estado muy débil en materia regulatoria, porque piensa que el libre mercado debe funcionar tal cual, y no bajo sus ojos y fiscalización. El Estado debe regular, fiscalizar, controlar. Algunos dicen que no puede fijar precios… bueno, no tiene que fijar precios, pero sí fiscalizar otros aspectos del libre mercado.
– ¿En qué radicaría esa debilidad?
Tenemos organismos reguladores que no están cumpliendo sus funciones. Un Indecopi prácticamente inexistente. Salvo su reacción sobre los cines, porque ya se veía bastante deslegitimado, no conocemos ninguna disposición en favor de la ciudadanía, de los consumidores. En el caso de las conservas, por ejemplo, con parásitos, debían estar fiscalizando, coordinando con el Ministerio de Salud para proteger a los consumidores. Pero, nada: nos estuvieron vendiendo conservas malogradas, parasitadas, sin un control técnico durante mucho tiempo. O el caso de la leche: un producto que no lo era, como Pura Vida de Gloria, la vendían como leche, sin las cualidades nutricionales para alimentar a nuestros niños. Todo eso refleja la debilidad de nuestros organismos reguladores. O los monopolios, como el de las farmacias. Antes las farmacias pactaban precios: ahora las han comprado todas y ya no necesitan pactar. Y las cosas se descubren por información de afuera, denuncias del exterior, igual que la corrupción que estamos viviendo. Todo eso demuestra un Estado débil, con poca voluntad para fiscalizar que la economía sea a beneficio de la población.
–DOBLE DISCURSO–
– Indecopi tal vez sea lo más emblemático en regulación, pero tenemos todo un aparato de regulación y leyes de regulación.
Tenemos el Código de Defensa del Consumidor, Osiptel y Osinergmin tienen su ley, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP también y no la aplica absolutamente para nada: por ejemplo, hay un artículo que obliga al BCR a regular los intereses, establecer ciertos parámetros, y no quiere aplicar ese dispositivo que involucra intereses bancarios, tarjetas de crédito, etcétera. Hay desidia, indiferencia y hasta complicidad entre esos organismos reguladores y los proveedores de los servicios y bienes del mercado.
– El consumidor peruano, el ciudadano peruano, se encuentra entonces en estado de indefensión.
Así es. Para reclamar tienes que pagar una tasa de 40 soles en Indecopi, por ejemplo. O en Osiptel pasas un vía crucis con sus procedimientos. Y la resolución puede ser contraria o rechazada en el Poder Judicial. Los procedimientos son lentos, burocráticos y la gente se aburre de reclamar. Le cuesta dinero, tiempo. No recurre a estas instituciones.
– ¿La Defensoría del Pueblo juega algún rol en este aparato, en este sistema, o debería jugarlo?
Defender los derechos del consumidor. El actual defensor ha querido hacer algo. Al principio estuvo muy entusiasmado, pero la realidad se lo ha estado comiendo. Saca algunos informes que no son vinculantes, no hace absolutamente nada. Podría hacer algo más, porque su voz todavía se escucha cuando dice algo, pero la realidad se lo ha comido, los grupos económicos y todo lo demás. Tenemos un sistema de regulación que debería operar de acuerdo con las leyes, pero no lo hace, no cumple la normatividad.
– Según la Constitución, tenemos una economía “social de mercado”, o sea una economía de mercado a la que hay que poner una dosis de humanidad.
Exacto. Pero hay un doble discurso de los que creen que el libremercado puede funcionar sin participación del Estado. Porque ahora estas grandes transnacionales de la construcción del caso Lava Jato han recurrido al Estado para que les solucione el problema. Como construían y movían cierto porcentaje de la economía peruana, y ya no se pueden mover como antes porque el Estado está interviniendo, dicen ellos que esto ha frenado la economía, y por eso le están haciendo una ley especial para que se sigan moviendo normalmente. ¿Entonces dónde está el libre mercado? Ahora acuden al Estado para que los ayude a operar, pero cuando el Estado tiene que defender los derechos de los ciudadanos, dicen “no se metan porque es libre mercado”. Hay un doble discurso. Cuando ellos están en problemas, van al Estado para que los ayude; pero cuando se trata de fiscalizarlos para que cumplan las leyes y respeten los derechos ciudadanos, dicen que no, que esto es libre mercado y el Estado no puede intervenir.
–LA PUERTA GIRATORIA–
– Frente a este panorama, que la regulación en todos sus ámbitos pone al ciudadano en situación de indefensión, y no solo al ciudadano: en casos como el pisco (al que soy muy cercano), por ejemplo, y otras actividades igual de sensibles, también a los productores, ¿es un asunto de administración de la regulación o tendríamos que pensar que la forma como fue concebido nuestro sistema de regulación está condenado al fracaso?
No. Creo que, más que de leyes, es una cuestión de conducta. Claro, en algunos aspectos se requiere dictar leyes más drásticas para defender al ciudadano, para regular más cercanamente. Pero con lo que se tiene, se puede cumplir el trabajo. Lo que pasa es que no se hace. Se cierra los ojos, se hacen los disimulados quienes deben cumplir esta función. Se dejan atrapar muy rápidamente por los grupos económicos porque existe la puerta giratoria: los que trabajan en los organismos reguladores después van a trabajar a las empresas, y pasado un tiempo regresan a los organismos del Estado. Ese es el asunto. Habría que establecer normas más rigurosas.
– Imposibilitar el recirculamiento. ¿Están recirculando?
Están recirculando. Y como no quieren pelearse con los futuros empleadores, son muy condescendientes, contemplativos. Y eso es corrupción también.
– Eso es si se piensa bien…
Claro, porque si no hay que pensar que son emisarios y son corruptos. Como hemos visto. Como estamos viendo. Si en las altas esferas están denunciados por corrupción y han estado recibiendo dinero, estos señores trabajan bajo la misma modalidad.
–CUÁL ES EL LÍMITE–
– Pero, así como vemos esta debilidad, cuando hablamos de una economía de libre mercado, se dan casos como el de los cines: aparentemente la medida que Indecopi ha tomado es buena, beneficiosa, pero si se considera la estructura de costos de este negocio, como ya lo hemos visto en la década de los setenta y ochenta, estas restricciones lo condenarían a la desaparición o a la misma precariedad de esos años.
No sé si sea muy fuerte o muy suave.
– ¿Usted no está en contra del libre mercado, no?
No. Pero sí a favor de un Estado regulador fuerte, que fiscalice y haga cumplir las leyes, y que no permita los abusos.
– Hay una suerte de esquizofrenia en el Indecopi, porque en algunas cosas puede ser muy drástico, pero en otras ni de lejos. ¿Cuál es el límite entre la regulación eficaz y el controlismo que ya hemos vivido y que nos ha dejado tantos problemas? Porque indirectamente se estaría controlando los precios en el caso del cine.
El límite es que la empresa pueda ganar razonablemente. Cualquier persona pone su negocio para tener utilidades y vivir de eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por el lado empresarial, permitir un desarrollo libre de esa actividad. Pero, en tercer lugar, la ley establece que no está permitido el abuso. Y eso debe ser analizado al momento en que el Estado actúe ante la eventualidad de un abuso contra el ciudadano. Porque el que tiene más poder siempre es el empresario. El ciudadano está abajo del empresario. Vas a negociar con el banco y no puedes, porque tiene mucho poder económico y te impone contratos; y si no aceptas, no te dan el préstamo. El ciudadano tiene que someterse a lo que dice el banco por sus necesidades. ¿Quién pone el equilibrio para que eso no suceda? El Estado. ¿Y qué debe hacer el Estado? Por ejemplo, revisar los contratos para que no haya cláusulas abusivas, ¡algo que ya está establecido en la ley! Entonces, el límite es el abuso del derecho. Si el Estado lo ve, tiene que intervenir, bajo los parámetros ya establecidos en las normas. Lo que pasa es que, como digo, no se cumple. Tengo la impresión de que, en el Perú, quizás para los papeleos de licencias, los certificados de defensa civil, para la tramitología, sí es difícil para una empresa establecerse. Pero en el funcionamiento propiamente dicho, no veo mucha obstrucción, razón por la cual se ve todo lo que hemos estado sabiendo, que estábamos comiendo basura. Quiere decir que el Estado no estaba haciendo nada, muy permisivo. No debemos ir ni a un lado ni al otro.
– La rigurosidad está puesta en donde no se debe. No obstante, el esquema del empresario con el pie sobre el cuello del consumidor es cierto, pero solo a gran escala. Porque ¿cuánta empresa grande tenemos en el Perú frente a los medianos y pequeños?
Hay un desfase. A los emprendedores peruanos hay que darles facilidades, ayudarlos también. Porque a los grandes empresarios les perdonan los impuestos que tienen que pagar, les sacan leyes. Pero en cambio al del kiosko, entra la policía, le quitan la ropa que dicen es de contrabando, y lo liquidan. Hay que medir a todos con la misma vara. El Banco Agrario, por ejemplo, ¿a quién daba préstamos? A los grandes empresarios. A los chiquitos no les prestaban nada. Y estos grandes empresarios están mandándolo a la quiebra porque no pagan nada. El Estado ahí está incumpliendo las normas y hay corrupción.
–UN TRAGO AMARGO–
– En este esquema de corrupción que vive el país, el sistema de regulación que ya de por sí es débil, empeora. Conocemos el caso puntual del pisco, un producto bandera, la primera denominación de origen del Perú, y ocurre que hay un esquema de competencia desleal abierta, abusiva. El secreto a voces de que grandes productores adulteran e inundan el mercado con productos a precios insostenibles según los propios parámetros de Indecopi, en desmedro de los piscos de calidad, que corren con los verdaderos costos que su producción demanda. Incluso los expedientes con evaluaciones y sanciones para las marcas que hacen mal las cosas están bajo siete llaves en la Dirección de Signos Distintivos. “Son temas sensibles”, dicen, y hemos escuchado ese argumento en todos los casos conocidos. ¿Cómo el ciudadano, cómo la sociedad puede enfrentar esto? Corrupción, por un lado, y manejo de la regulación arbitrario y abusivo, favorable a los grandes intereses, por otro, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer en este escenario?
Es parte del sistema político que vivimos. Los cinco últimos presidentes son corruptos, y los que ponen las líneas maestras y designan a los funcionarios deben llevar las políticas de Estado, son ellos. Un presidente que ha recibido coimas y se ha vinculado con los intereses económicos, difícil que apueste por defender al ciudadano peruano. Ahí comienza el vicio. Si un presidente de Indecopi que no quiere resolver el tema del pisco, es designado por la presidenta del Consejo de Ministros, y a pesar de que ha cometido una serie de irregularidades, lo mantiene ahí, ¡estos son los responsables, pues, los grandazos!, para que haya una situación de esa naturaleza, que no se quiera corregir deficiencias que hay sobre un producto bandera. Ese es el sistema que estamos viviendo, y parte de la corrupción que se está produciendo…
– ¿No nos queda sino la resignación?
No tanto, pero sí, el recurrir a algunos mecanismos como la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que pedirá un informe de, por ejemplo, por qué no se está resolviendo la situación del pisco, que es un producto que debiéramos cuidar y que no deberíamos permitir la adulteración de los grandes productores, que se nos informe. O a la Comisión de Producción. Porque si no hace nada el Gobierno ni el Indecopi, el Congreso está para eso. Por lo menos en algunas materias tratamos de hacernos camino.
– El último bastión, digamos. Pero, lo que ustedes pueden hacer, su labor legislativa, más allá de representar, de poner la voz y el tema mediático… Estamos muy preocupados, en verdad, los peruanos, porque este sentimiento de indefensión, sumado al tema de la corrupción ad portas dos procesos electorales, ahora el de octubre, y el de 2021…
Hay que elegir mejor ahora. Ojalá que el pueblo peruano haya aprendido de lo que estamos viviendo. Porque si incurrimos en los mismos errores, quiere decir que el pueblo peruano ya perdió la ética. Si seguimos eligiendo esos partidos corruptos, estamos fritos. Ese es el problema. Y vamos a tener solo pequeñas islas flotando por ahí defendiendo el sistema democrático.
–ASPIRACIONES PRESIDENCIALES–
– ¿Cuál es su horizonte político? ¿Aspira a una labor más ejecutiva que legislativa?
Sí. El partido elige sus candidatos, vamos a elegir a los candidatos a los municipios en Lima y todo el país, a los gobiernos regionales, y luego a los candidatos a la Presidencia. El partido, como todo partido, tiene corrientes…
– Ustedes son de los pocos que están libres hasta el momento de acusaciones en estos temas de corrupción…
Estamos limpios.
– Hasta donde sabemos.
El partido en esa coyuntura está bien puesto, no se esconde nada. Y va a tener que competir para 2021.
– ¿Hay suficientes bases, suficientes candidatos?
No suficiente, pero sí se puede organizar. Y también hay que poner filtros, porque nos pueden infiltrar con fujimoristas, gente con antecedentes de corrupción. Hay mucho entusiasmo para 2021. En el partido tenemos algunas corrientes, unos de derecha otros de centroizquierda, va a haber competencia de los precandidatos a la Presidencia. Posiblemente el señor Barnechea se presente, pero hay otros aspirantes. Uno que hemos visto que podía ser más al estilo de Acción Popular de sus orígenes, más que a una derecha en el estilo de lo que estamos viviendo…
– En este momento la figura de Barnechea no parece la más conveniente para ustedes…
Pero él quiere insistir en la candidatura. Dicen que Raúl Diez Canseco también. No sé. Pero nosotros vamos a llevar una tercera propuesta, que la militancia ve con más entusiasmo por el trabajo político que estamos haciendo. De manera que estamos preparando una precandidatura a la Presidencia…
– ¿Quién sería el precandidato?
Yo voy a ir como cabeza, tenemos que enfrentarnos a Barnechea y a Diez Canseco, pero estamos haciendo el trabajo político, interviniendo en varias materias. Como siempre lo hemos hecho, pero nuestro proceso ha entrado en maduración, y la militancia es consciente de que podría darnos la alternativa de salir airosos en la contienda interna. Estamos en 2018, pero ya estamos trabajando en esa coyuntura. Vamos a ver qué pasa.
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