Escribe Manuel Cadenas Mujica
Se sabía desde que Pedro Pablo Kuczinsky asumió la Presidencia el 28 de julio de 2016, que el programa de la izquierda radicalizada consistiría, los siguientes cinco años, en incendiar la pradera. Ese iba a ser el examen que le tocaría aprobar.
Envalentonados por el porcentaje que alcanzó Verónika Mendoza en la torta electoral, no se sentían realmente tan cerca del poder desde los días de Alfonso Barrantes, porque Humala no solo había sido un intruso sino además un fraude, de modo que se acicate los impulsaría a regresar a los viejos métodos de obtener algún protagonismo.
Solo la hipocresía o la ingenuidad política podría descartar o minimizar el papel “programático” (como les gustaba decir antaño) que tienen las huelgas para estos sectores, especialmente para el magisterio.
Es cierto que las pugnas internas, alimentadas por la codicia del botín que significa la Derrama Magisterial, han matizado esta protesta; sin embargo, debe recordarse que no son nuevas, y que resulta más que elocuente la cifra que ha dado el Ministerio del Interior sobre los profesores firmantes por el Movadef para entender que los objetivos de estas protestas van mucho más allá que la coyuntura sindical o los intereses docentes.
Cinco mil maestros simpatizantes o militantes de un movimiento que no deslinda con el terrorismo de los años ochenta, sino que reinvindica el “Pensamiento Gonzalo”, no es poca cosa.
También solo la hipocresía o la ingenuidad política podría descartar en este caso el uso de las mismas estrategias de todos los organismos de fachada del senderismo en los años 80, como son: invocar la defensa de los derechos humanos para legitimar sus acciones de sostén logístico y político, y de la libertad de opinión para abrirle espacios de justificación a sus acciones violentas; y sobre todo, la negación de vínculos como axioma. No olvidemos la consigna de Abimael tras su caída: “Este es solo un recodo en el camino”.
Por supuesto que el Estado peruano tiene muchos pendientes con el sector docente peruano, no solo en materia de salarios, sino sobre todo de infraestructura para ejercer su labor de manera adecuada. Pero es también verdad que no se pueden exigir derechos sin cumplir con deberes y que una cosa es reclamar estos derechos y otra muy distinta exigir privilegios.
¿Por qué un alumno puede desaprobar el año si no estudia y un docente no puede ser sancionado si no aprueba un examen de suficiencia en lo que, se supone, es su deber profesional conocer?
Ese, entre otros discursos igualmente demagógicos, son los que las cúpulas ideologizadas están explotando en la causa magisterial, con fines eminentemente políticos. Incendiar la pradera. Y para ello, nada mejor que cuando se tiene al frente un gobierno más mercantilista que liberal, políticamente inexperto y, para colmo de males, débil.
La experiencia en estos menesteres de la izquierda radicalizada ha rebasado largamente la reblandecida reacción del Ejecutivo. Por eso los maestros del Conare han pretendido darse el lujo de plantar al presidente de la República hoy en la puerta de Palacio.
Lo que corresponde en este caso, si se desea de verdad gobernar y no ser un títere de las circunstancias, es hacer prevalecer el Estado de derecho, sin reticencias culposas. Si el Ejecutivo ha otorgado al magisterio los beneficios que tiene disponibles y ha mostrado la mejor voluntad de conciliar las demandas con sus ofertas y posibilidades, debe dejar de ceder e imponer la ley, como ocurre con todos los demás peruanos.
Porque quien amenaza y no cumple, será siempre el hazmerreír de todos. Es la única manera que tiene PPK de aprobar el examen al que lo están sometiendo los maestros radicalizados.
