Ciento cinco minutos han bastado para que el presidente Martín Vizcarra ponga la valla muy alta y la pelota en la cancha de todas las agrupaciones políticas que conforman el Parlamento nacional, en uno de los discursos más audaces que se hayan escuchado desde que el país retornó a la democracia en 1980. Un discurso de Fiestas Patrias que, cuando menos a nivel comunicacional y político, estuvo a la altura de lo que la nación espera frente a los sucesos de los últimos tiempos.
Semblantes desencajados y aplausos tibios inclusive de la bancada oficialista siguieron de inmediato a los anuncios presidenciales que, como se preveía, giraron en torno principalmente de los últimos escándalos de corrupción en el Poder Judicial y sus ramificaciones políticas. Sí, el presidente se refirió a diversos aspectos de la realidad nacional, desde la reconstrucción hasta el enfoque de género –en que fue especialmente enfático–, pero el asunto de la reforma judicial y política, con propuesta de referéndum, ha sido sin duda el anuncio que sacudió el hemiciclo y sacudirá al país en cuanto tome nota de su trascendencia.
el asunto de la reforma judicial y política, con propuesta de referéndum, ha sido sin duda el anuncio que sacudió el hemiciclo y sacudirá al país en cuanto tome nota de su trascendencia.
Ya se preguntan los analistas si los planteamientos del presidente Vizcarra son viables, si son oportunos o si son oportunistas. Si han sido de cara a la solución o de cara a la tribuna. En otras palabras, si ha sido más populista que estadista. Efectivamente, hay aspectos que tienen aristas constitucionales y jurídicas que van a requerir estudios y manejos finos, pero los reparos técnicos o legalistas no bastarán para frenar la potencia de estas propuestas, que sintonizan con lo que las calles y las redes hace buen tiempo solicitan: reforma judicial y también reforma política.
Aquí mismo, en Tiempo Real, cuando el expresidente PPK libró la moción de vacancia en diciembre, planteamos que esas reformas eran urgentes. La vía constituyente era un camino, pero Vizcarra ha recurrido a un planteamiento más moderado aunque no menos eficaz: una reforma vía referéndum. Cómo lo logre, es otro cantar, pero es necesario reconocer que en la reciente crisis no solo ha quedado expuesta de modo descarnado la corrupción judicial, sino los lazos que este sistema tiene con los actores políticos y de qué modo este vínculo le sirve muchas veces de ancla y de plataforma.

Pero más allá de lo que ocurra en adelante, en qué medida estas propuestas prosperen o tropiecen en el camino, hay una palabra mencionada por el presidente que sintetiza el sentimiento de los peruanos de a pie, quienes no están presionados por las conveniencias del poder ni ven comprometida su comodidad con ella: integridad. Un concepto sobre el cual nadie o casi nadie ha reparado ni le ha dado importancia alguna, pero que entraña el verdadero desafío de la democracia peruana: cómo hacer para que los hombres públicos sean de una sola pieza y no se les descubra traicionando la confianza de la nación.
En ese sentido, es que el presidente Vizcarra resaltó la labor del periodismo, tan vapuleado en las últimas semanas por diversos sectores parlamentarios e incluso hostigado por un par de fiscales, quienes en lugar de perseguir el delito dedicaron recursos públicos en amedrentar a los medios. “Si no hubiesen salidos los audios”, dijo, “todo seguiría igual”. Claro, la opinología partidarizada y acomodada al estatus quo se esfuerza en tratar de tapar el sol con un dedo, pero lo cierto es que estas conversaciones, contengan o no ilícitos penales, han revelado el modo en que se negocia al filo de la ley con el interés público.
el verdadero desafío de la democracia peruana: cómo hacer para que los hombres públicos sean de una sola pieza y no se les descubra traicionando la confianza de la nación.
Por eso, el estruendo de las tres propuestas de reforma política vía referéndum no debe opacar las demás medidas que su administración ha propuesto. Entre ellas, el recién creado Modelo de Integridad Pública y el nuevo Plan de Integridad y de Lucha contra la Corrupción, que contempla acciones como una plataforma de seguimiento a los candidatos con procesos penales en curso por delitos de corrupción, narcotráfico y terrorismo, la obligatoriedad de una declaración jurada de intereses para los principales funcionarios con capacidad de decisión y manejo de fondos públicos, la propuesta para sancionar a los abogados que se presten a la corrupción, los anteproyectos de ley para ampliar los alcances de la muerte civil por delito de lavado de activos y para tipificar en el Código Penal la figura de corrupción privada, entre otras.
También es de suma importancia, y no debe quedar opacado el anuncio de un proceso “radical y profundo” para que la información pública por su naturaleza sea realmente accesible a la población y no ocurra como ahora que se saca la vuelta a la Ley de Transparencia mediante una serie de artilugios legales con los que se consigue que mucha información –sobre todo aquella concerniente a contratos, licitaciones, faltas y sanciones– sea negada sistemáticamente por instituciones del Estado. Y un punto medular: la descarga procesal del sistema judicial empezando por el ejemplo estatal agilizando y resolviendo los procesos con que el Estado a través de la ONP hace la vida a cuadritos a los pensionistas y jubilados.
“Existen personas interesadas en que el sistema actual de justicia no cambie. Para ello desarrollan diversos ‘discursos’ o ‘argumentos’ destinados a impedir, dificultar o retrasar un cambio. Frente a eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esta crisis ha llegado a un punto de quiebre en que simplemente nuestra conciencia no puede permitirse ignorar lo que está sucediendo. Por eso he cedido liderar un cambio esperado por todos los peruanos y peruanas honestos”, ha dicho Vizcarra. “Vengo a presentar y exigir medidas urgentes y concretas medidas que requieren consenso necesario de todas las fuerzas políticas que están presentes en el Congreso, así como el compromiso de cambio de los actores del sistema judicial. Este es un manifiesto por la democracia y la defensa de la Constitución”.
“Esta crisis ha llegado a un punto de quiebre en que nuestra conciencia no puede permitirse ignorar lo que está sucediendo. Por eso he cedido liderar un cambio esperado por todos los peruanos y peruanas honestos”, ha dicho Vizcarra.
Con estas medidas, las seis propuestas sobre la reforma judicial, las medidas de emergencia sobre el PJ y la propuesta de reforma política vía referéndum, Vizcarra ha puesto la pelota en la cancha del Parlamento. Y, a su vez, ha colocado paños fríos sobre el encendido ánimo popular, que si bien no se manifiesta en las calles como quisieran los provocadores desde las izquierdas, se puede percibir en las redes sociales y en las diversas instancias de interacción social. En adelante, tendrá ese ánimo de su lado, y cualquier obstrucción parlamentaria a las iniciativas que hoy ha manifestado solo servirá para que el destino de esta generación política quede sellado definitivamente con una cruz electoral de desprecio sobre la frente.