Ha renunciado el propio Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Y cuatro miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluido el histrónico “Dr. Rock” Iván Noguera (aunque ahora dos dicen que no se suman a la renuncia). Uno sigue suspendido, han caído presos dos magistrados, otros han sido removidos. Mañana se realizará el Pleno en que el Ejecutivo debía conversar con el Parlamento sobre la remoción de todos los consejeros del CNM ahora renunciantes. Y el Congreso de la República anunció que trabajará una reforma de todo el aparato jurisdiccional. ¿Es suficiente?

 

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A estas alturas, ya no. Aunque haya quienes desdeñen las convocatorias a marchas y manifestaciones, el ánimo de la Nación es de completo hartazgo. En las calles, en las redes sociales, en las aulas universitarias, en las familias, en el transporte público, inclusive en los colegios y las propias instituciones del Estado, es evidente que la ciudadanía se encuentra manifiestamente encrespada por la evidencia escandalosa de un secreto a voces: que en el Perú la justicia se compra y se confabula con el poder político.

Indudablemente, hay sectores que intentan aprovechar esta circunstancia. Específicamente la izquierda comunista del país, que se coloca mediáticamente al frente de las movilizaciones y aparece promoviéndolas con los mismos personajes incendiarios de siempre y con propósitos políticos inocultables: propiciar el relevo judicial con candidatos de sus canteras o afines y promover la convocatoria del poder constituyente para generar una Constitución que destierre cualquier viso de libre mercado e instale el controlismo que la fascina.

En las calles, en las redes sociales, en las aulas, en las familias, en el transporte público, inclusive en los colegios y las propias instituciones del Estado, es evidente que la ciudadanía se encuentra manifiestamente encrespada por la evidencia escandalosa de un secreto a voces: que en el Perú la justicia se compra y se confabula con el poder político.

Pero es también evidente que en su reacción, quienes detentan hoy el poder parlamentario y judicial no han dado las señales que la población esperaba.

A regañadientes, con una lentitud parsimoniosa que contrasta con la velocidad con que se resolvió la vacancia presidencial y se lanzó sobre el periodismo que reveló los #CNMaudios, se ha enfrascado en formalismos que, aunque cuenten con argumentos jurídicos e invocaciones hasta cierto punto sensatas a respetar los procedimientos y el marco constitucional, revelan una vergonzosa resistencia a proceder con rectitud.

No solo se ha tratado de los magistrados, que lejos de poner mano firme contra sus colegas grabados y sorprendidos en componendas y tráfico de influencias, los blindaron y se aferraron a sus cargos. También en el Congreso, escudándose en procedimientos, se blinda a congresistas involucrados con este escándalo, como es el caso de Héctor Becerril.

En ese escenario, ¿cómo se puede confiar al Parlamento nacional que realice las reformas que el sistema judicial requiere? Su presidente, Luis Galarreta, en reciente conferencia de prensa, se ha empeñado en defender la institucionalidad y los procedimientos, conceptos que todo demócrata debe sostener. Sin embargo ¿qué toca a un país cuando sus instituciones le han fallado, cuando sus jueces han vendido la justicia, cuando sus congresistas en lugar de representarlo se han dedicado a representar intereses subalternos, cuando los procedimientos han servido para apañarse mutuamente?

¿qué toca a un país cuando sus instituciones le han fallado, cuando sus jueces han vendido la justicia, cuando sus congresistas en lugar de representarlo se han dedicado a representar intereses subalternos, cuando los procedimientos han servido para apañarse mutuamente?

¿Debe sufrirlo no más?, ¿eso es lo que propone Galarreta y los desesperados institucionalistas de última hora? Es claro que no. Las instituciones y los procedimientos solo tienen sentido en una democracia cuando funcionan en consonancia con los fines para los que fueron creados. Si se demuestra una y otra vez lo contrario, es legítimo que una Nación solicite revisarlos en su totalidad. Es su derecho. Las constituciones y las leyes no son cartas firmadas en blanco.

Aún para quienes –como quien escribe– el texto y compromiso constitucional es sagrado y el marco legal no admite relativismos, toca reconocer que existen momentos en la historia en que se hace necesario revisarlo todo.

No quiere decir desecharlo todo: es menester consolidar la liberalización de la economía eliminando privilegios para los grandes grupos de poder y estableciendo mecanismos que eviten el monopolio y el oligopolio de manera eficaz. Pero en materia de control político, estructura del Estado y sistema de justicia se requiere un replanteamiento integral.

Si alguna voluntad por reivindicarse con la ciudadanía queda en la representación nacional y en el Ejecutivo, si algún sentido de responsabilidad histórica conservan, sabrán escuchar adecuadamente la voz de las calles, en lugar de parapetarse en procedimientos y formalismos.

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