La revelación del contubernio entre el poder político y el poder judicial que sacude al país ha cobrado una nueva víctima a raíz de la divulgación de dos nuevos CNM audios. Se trata de quien hasta hace unas horas era aspirante a la alcaldía provincial del Callao por Perú Patria Segura, el actual alcalde distrital de Carmen de la Legua–Reynoso, Raúl Odar, que ha sido separado de la agrupación que lidera Renzo Reggiardo después de haber reconocido ser el “Raúl” de la conversación con el controvertido juez César Hinostroza.

 

En un primer diálogo telefónico del 28 de marzo último a las dos de la tarde, dado a conocer por IDL Reporteros, se escuchar a Odar conversar con Hinostroza sobre las dificultades que ha tenido en conseguir una audiencia con el titular del JNE, Víctor Ticona, por un pedido de vacancia, ante lo cual Hinostroza le propone sacarle una cita con el doctor Luis Carlos Arce, representante del Ministerio Público ante el JNE.

En la segunda llamada, el mismo día a las cuatro de la tarde, Hinostroza le confirma lo que ya había anticipado en la llamada anterior: que, tratándose de Semana Santa, iba a ser difícil que alguien del JNE lo reciba.

¿De qué vacancia se trataba? De acuerdo con fuentes de la propia municipalidad de Carmen de la Legua–Reynoso, Odar intentaba que se resuelva una solicitud de vacancia contra su entonces teniente alcalde, José García, actual director de la Dirección Regional de Educación del Callao, quien a su vez pretendía movilizar una vacancia contra Raúl Odar. Quería ganarle por puesta de mano.

El audio revela que el separado candidato provincial de Perú Patria Segura participaba de una presunta inconducta funcional con un magistrado del Poder Judicial para llegar a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y conseguir sus propósitos políticos.

Por esta razón, el Comité Ejecutivo de Perú Patria Segura, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado en que daba cuenta de la separación de Raúl Odar, invocando a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial a investigar, esclarecer los hechos y sancionar las posibles faltas o delitos, dentro del marco jurídico y con respeto a los derechos de los involucrados.

 

Asimismo, pide a los partidos políticos y otras instituciones actuar con firmeza, serenidad y celeridad en la lucha contra la corrupción a fin de no seguir alimentando una sensación de impunidad.