El doble rasero de instituciones políticas disfrazadas de organizaciones de derechos humanos se ve reflejada claramente en la reciente carta que publica la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, en la que varios miembros del Parlamento Europeo se dirigen al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski para cuestionar el indulto al expresidente Alberto Fujimori, otorgado hace poco más de un mes.

Al margen del contenido de la misiva y de las razones expuestas en este documento, es importante tomar nota de quiénes son los parlamentarios europeos que firman el documento que, tal como es presentado por la CNDDHH, podría ser interpretado como una posición de dicha institución, cuando en realidad solo representa a la facción izquierdista de este Parlamento, a la que esta coordinadora es adicta.

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SIN SONROJARSE

No hace falta sino revisar algunos nombres. Por ejemplo, el de Marina Albiol, que encabeza la lista. Se trata de una militante del PCPV y de Esquerra Unida del País Valencià, la también española Tania Gonzales Peñas (portavoz de Podemos en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y su compatriota Miguel Urbán, también de Podemos (grupo afín a Verónika Mendoza). O los alemanes Helmut Scholz y María Heubuch, ambos del partido verde.

Hasta ahí, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solo hace evidente el sesgo ideológico con que realiza su labor. Pero hay dos casos puntuales en la lista de firmantes que pone en entredicho este documento. Se trata del político francés José Bove, y de la activista irlandesa Martina Anderson, hoy miembros del Parlamento Europeo, pero que registran un historial de violencia impresionante.

BOVE: DE ARMAS TOMAR

El primer caso, es el de un expacifista y objetor de conciencia que pasó de las palabras a las acciones cuando en 1976 asaltó una base militar. Fue apresado y cumplió 4 meses de prisión, pero no escarmentó: en 1977 invadió otra base militar con 90 tractores. Involucrado luego en la lucha sindical, formó la organización anarcocomunista Alternative Libertaire en 1991, y en 1999 encabezo la destrucción de un edificio en construcción de McDonalds, por lo que fue condenado.

José Bove en su ocupación favorita: subvertir el orden con violencia.

También participó en la contracumbre del G8 en Génova, que dejó un muerto. Fue enviado a apoyar a Yasir Arafat y fue expulsado de Israel tras varios días de detención. Luego ha seguido participando en la destrucción de plantaciones transgénicas, entre ellas un asalto a un cultivo del Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique Pour le Développement (CIRAD), que le valió 10 meses de prisión. Ha estado en Brasil con Lula da Silva y en Bolivia con Evo Morales. Así y todo fue candidato presidencial, y fue elegido eurodiputado porque Europe Écologie-Les Verts obtuvo el 16 por ciento de los votos franceses.

ANDERSON: TERRORISTA DEL IRA

Pero ese no es el caso más grave. En realidad, quien calza mejor aún en el perfil de los personajes preferidos por la ONG peruana es la irlandesa Martina Anderson, segunda en la lista de adherentes a la carta que con orgullo presenta la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Anderson tiene un historial de arrestos desde los 18 años, cuando la apresaron saliendo de una tienda por poseer armas de fuego y causar una explosión.

La prensa europea no olvida su participación en las filas del IRA.

Fue liberada y huyó a la clandestinidad, hasta que la volvieron a arrestar en 1985 junto con otros miembros de la agrupación terrorista IRA, entre ellos quien sería su esposo (Paul Kavanagh) y Patrick Magee. Fue condenada por conspirar para realizar explosiones en Inglaterra, aunque por el terrible bombardeo al hotel de Brighton (dirigido contra la primera ministra Margaret Tatcher y que dejó 5 muertos y 31 heridos) solo se condenó a Magee, quien nunca accedió a delatar a sus cómplices.

Fachada de The Grand Hotel in Bright tras el atentado del IRA que cobró cinco muertos. Martina planeaba otros más cuando fue capturada.

La liberación de Martina se produjo en 1998 solo porque su caso se incluyó en el llamado “Acuerdo de Viernes Santo”, en el que una facción del IRA depuso las armas, y que sirvió también para que Patrick Magee fuese perdonado de las ocho cadenas perpetuas que se le impuso solo porque se manifestó arrepentido de las muertes.

Estos son pues, los aliados a los que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos apela cuando se trata de “defender los derechos humanos”.

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