Escribe Manuel Cadenas Mujica

 

La aprobación en el Pleno del Parlamento de una modificación a la ley electoral que cierra el paso a los movimientos y organizaciones locales y provinciales, impulsada por el fujimorismo y respaldada por el APRA y otras fuerzas políticas, no hace sino refrendar una preocupante tendencia autocrática desde el Legislativo. Lo que ha ocurrido ayer ha sido un verdadero golpe a la democracia vecinal.

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Los representantes al Parlamento han sido elegidos para legislar en consonancia con los principios constitucionales y democráticos, y para profundizar y consolidar la democracia, no para convertir esta facultad en ocasión de alterar las reglas de juego electoral a la medida de sus ambiciones y conveniencias, como evidentemente es el caso con esta medida.

Les guste o no, las agrupaciones y movimientos locales y provinciales son la expresión democrática más genuina que existe, puesto que nacen de la iniciativa ciudadana directa y tienen como propósito la representación en un contexto muy concreto: una elección de carácter vecinal.

En ese sentido, la justificación que ofrece la mayoría para tal modificación, de que así se busca “promover organizaciones políticas de carácter permanente”, resulta totalmente incongruente con el derecho constitucional a la participación política, a elegir y ser elegido: con su modificación a la ley, los políticos profesionales acaban monopolizando esta libertad, para franquiciarla.

La presidenta de la Comisión de Constitución Úrsula Letona refrenda de su propia boca está pretensión anticonstitucional: “La optimización de la democracia representativa requiere cambios normativos, sobre todo de interlocutores válidos, representativos, institucionalizados y con vocación de permanencia en el tiempo”. Otra vez, como en el caso de los estatutos del Parlamento en que buscaron dejar en el limbo a los congresistas disidentes, se esgrime un pretexto de eficacia y orden para apañar un evidente atropello a los derechos fundamentales del ciudadano.

Claro, en este caso, a diferencia de aquella vez en que 41 valientes congresistas levantaron su voz de protesta en el Tribunal Constitucional, hasta el oficialismo ha sellado con su voto está maniobra antidemocrática, que a todas luces tiene un solo propósito: la repartija electoral. Como no pueden con el adversario, porque son estos movimientos vecinales los que suelen ganar las elecciones y no los partidos de carácter nacional representados en el Congreso, los sacan del camino usando las facultades que los ciudadanos les hemos confiado.

Úrsula Letona es la actual presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso (Foto: Andina).

El pretexto suena razonable… como muchas falacias. Dicen sus defensores que como “las organizaciones políticas locales no están obligadas a cumplir con la democracia interna y cancelan de oficio una vez concluido el proceso electoral en el que participen, no pueden ser sancionadas por infracciones como el financiamiento indebido”, entonces hay que negarles participación. Sin embargo, es claro que la medida no guarda ni relación ni proporción con el mal que identifican. Pretenden convencernos de que solo se puede subsanar un problema electoral con este atropello a la Constitución y a los derechos ciudadanos.

¿Y qué tal si aplicamos ese mismo criterio a los parlamentarios? ¿Qué tal si modifican la ley electoral para que no haya congresistas reelegidos, para que se renueven por tercios, para que no determinen ellos su sueldo, para que deban tener mayores requisitos académicos y profesionales para acceder a esa función y sean verdaderamente representativos? Claro: no se puede porque ellos son quienes elaboran sus propias reglas, y vaya cómo lo hacen.

Esperamos que nuevamente congresistas democráticos lleven este caso al Tribunal Constitucional y se impida este despropósito que acota derechos y debilita la democracia.

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