Escribe Manuel Cadenas Mujica
Fue la presión internacional la que, en su momento, obligó a Alberto Fujimori a ponerse a derecho, primero solucionando la ruptura del orden constitucional, perpetrada el 5 de abril de 1992, luego acorralándolo a medida que su gobierno tomaba un carácter cada vez más autocrático y que las denuncias por mal uso del poder y de los recursos públicos se iban comprobando.
Hay que ser muy mezquinos para no reconocer la importancia que tuvo su primer mandato para un país bajo los escombros de la hiperinflación y el terrorismo, pero cuando hablamos de democracia, no bastan las buenas intenciones, los logros en materia económica, social o de seguridad, ni sirve ninguna excusa para justificar los atropellos que se hagan a los derechos civiles de las mayorías o las minorías.
La democracia es una aspiración y nunca es perfecta; pero es, ante todo, respeto a ciertas formas y a un estado de derecho. Cuando eso se subordina a cualquier causa, por justa que se crea o parezca, entonces la democracia aborta y se ingresa al territorio de la autocracia, sea en la forma clásica de las dictaduras o en las hipócritas aunque igualmente malignas “dictablandas”.
Los defensores de Nicolás Maduro argumentan que la crisis venezolana no es obra suya, sino del imperialismo que quiere traerse abajo la “revolución bolivariana”, igual que los defensores del fujimorismo acusan a la izquierda “caviar” de haber orquestado un complot como revancha por los “golpes” que este propinó a su hegemonía ideológica y política.
Hasta qué punto estas excusas sean solo eso, fruto de una propaganda destinada a reblandecer las conciencias frente a la evidencia, es algo que no viene al caso, sobre todo cuando por medio se suman cerca de 150 muertes y las acciones hablan por los hechos: una elección fuera de todo cronograma, con serias denuncias de fraude de los propios proveedores del servicio informático, apresamiento de los líderes de la oposición, destituciones de funcionarios incómodos como la fiscal general y usurpación de espacios y funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora legítimamente elegida.
Por eso, la Declaración de Lima de los cancilleres reunidos ayer para tratar la crisis venezolana brilla por su claridad histórica. Los 16 puntos acordados no dejan lugar a las medias tintas: el gobierno de Maduro es una dictadura, se ha roto definitivamente el orden democrático en ese país y es deber latinoamericano actuar en consonancia con lo que eso significa.
Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú han cumplido con su deber al no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y a todas sus acciones, respaldando a la Asamblea Nacional, al respaldar a la fiscal general y a todos los funcionarios destituidos, al condenar la represión y violación de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Asimismo al impulsar o ratificar los bloqueos diplomáticos, políticos, económicos, comerciales y militares que sean necesarios (incluso ante la propia Unión Europea y la ONU) para obligar a que el gobierno de Nicolás Maduro se reencauce en la democracia o dé un paso al costado para que Venezuela regrese de manera pacífica al orden constitucional.
Esta decisión es sumamente importante para Venezuela, toda vez que implica una presión internacional efectiva y formal que deja más solo que nunca al autócrata, apenas defendido en esta parte del mundo por los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), aunque países que antes lo apoyaban como México, Argentina, Colombia, Chile o Paraguay, le han dado ya la espalda.
Así como alguna vez la presión internacional ayudó a que Fujimori dimitiera. Porque dictador es dictador.
