Esta mañana el excongresista Alberto Beingolea tocó un nervio que de tanto dolernos preferimos ignorar: que el cáncer de la corrupción no se circunscribe a los fueros del poder en cualquiera de sus modalidades (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), sino que se extiende a todo el organismo nacional; que nace entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras propias narices.

 

“¿De dónde salen los jueces que hoy vemos involucrados en actos de corrupción? Salen de familias peruanas como las nuestras”, reflexionaba el candidato a la alcaldía de Lima por el PPC.

Esto que puede parecer una generalidad, una forma de evasión a los escándalos de los que somos espectadores hoy, es en realidad una premisa para verdaderamente tomar el toro por las astas. Porque, como preguntó en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿quién moraliza a los moralizadores?

“¿De dónde salen los jueces que hoy vemos involucrados en actos de corrupción? Salen de familias peruanas como las nuestras”.

Solo para referirnos a este quinquenio, recordemos cómo empezó: no nos habíamos curado ni de lejos de los escándalos de la Centralita –que involucró a un presidente regional, alcaldes, congresistas y hasta policías, entre otros personajes– cuando el Ejecutivo inaugura periodo con los “negociazos” con la salud pública.

Y apenas ha pasado medio año del drama nacional que acabó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczinsky (con videos y audios en que congresistas, ministros y otros funcionarios negocian favores hablan de apropiarse de millones del erario “sin mover un dedo”) cuando aparecen estos magistrados revolcándose en el fango de arreglos bajo la mesa, contubernios políticos y tráfico de influencias.

Es cierto también lo que, con insistencia ejemplar, reitera el colega periodista y abogado Freddy Vicente: que, así como existen muy malos elementos en la administración de justicia (y en el Parlamento y los gobiernos central, regionales y locales), también tenemos buenos funcionarios que cumplen con su deber y muchas veces son relegados. No obstante, ese no es el punto.

Lo que nos interesa hoy aquí es considerar si es posible desterrar la corrupción de las altas esferas sin desterrarla de una práctica nacional que comienza en la vida cotidiana de familias y sociedad, en las distintas instancias de la dinámica social.

Lo que nos interesa hoy aquí es considerar si es posible desterrar la corrupción de las altas esferas sin desterrarla de una práctica nacional que comienza en la vida cotidiana de familias y sociedad, en las distintas instancias de la dinámica social.

No se malinterprete: lo que estamos presenciando necesita sanciones con todo el peso de la ley, porque la responsabilidad de un magistrado es doble y no solo comete un delito como cualquier ciudadano, sino que defrauda la confianza depositada por el país. Requiere una reingeniería meticulosa de los mecanismos de acceso y control a la administración de justicia. Pero ¿quién realizará esa labor?, ¿quién garantizará que no sea otra vez un mero formalismo?

Es entonces que necesitamos pensar en cómo hacer para desmontar la fábrica de corruptos en que se ha convertido la sociedad peruana. Porque si no lo hacemos, a estos que salen les seguirán otros y otros y otros más. También en la corrupción, el comando nunca muere. Y no importa si su color es naranja o rojo. Los hay en todas las canteras.

Solo ciudadanos honestos pueden construir sociedades honestas. Y la honestidad empieza precisamente donde nadie nos ve, porque cuando llegan las cámaras de televisión o las interceptaciones telefónicas, ya es demasiado tarde.

La honestidad empieza en casa con los padres o quienes se encargan de nuestra crianza. Prosigue en la escuela, con los maestros que imparten conocimiento y orientación. Continúa en las empresas e instituciones. Y entonces, recién asciende, cuando el balance social se inclina hacia ella, a las distintas instancias del poder.

Solo ciudadanos honestos pueden construir sociedades honestas. Y la honestidad empieza precisamente donde nadie nos ve, porque cuando llegan las cámaras de televisión o las interceptaciones telefónicas, ya es demasiado tarde.

Podemos enseñar “valores”, pero solo personas honestas pueden formar ciudadanos honestos. Un ejercicio de la ciudadanía responsable, que no terceriza o deriva en otros la tarea que solo le corresponde a uno. La honestidad es aquella cualidad que empieza por conocer, junto con los propios derechos, también los propios deberes, y que no aguarda la mirada de nadie para asumirlos.

No hablemos solo de las coimas y negociados: hablemos desde recoger el excremento que nuestros perros dejan en las calles, hasta no pasarse la luz roja, esperar turno en la cola, no plagiar en los exámenes ni copiarse trabajos ajenos, llegar puntuales a los compromisos, dar peso y medida exactos, pagar el valor del pasaje aunque el cobrador no nos vea, dar vuelto completo, no colgarse de los servicios ajenos de luz o internet, ceder el paso a los peatones, trabajar por las horas que se nos paga. Todo lo contrario a la tristemente célebre “criollada”.

Honestidad es ciudadanía y ciudadanía es honestidad. Por eso, solo cuando abunde la ciudadanía en nuestra sociedad, entonces recién habremos desmontado la fábrica de corruptos de la que tanto nos quejamos.