Aceptemos la tesis de que los CNM audios no están siendo soltados a cuenta gotas por una voluntad mediática maquiavélica que desea mantener en vilo a la sociedad peruana, como han apurado en manifestarse los líderes del aprokeikismo. Que son tantas las conversaciones grabadas por el grupo Constelación –se habla de dos mil–, que es necesaria una meticulosa labor de verificación y contraste, como demanda el rigor periodístico.
Hasta ahí es estrictamente comprensible. Tómese en cuenta que el profuso envío de materiales por parte de una fuente –no nos interesa cuál, puede tratarse incluso de una fuente anónima– será siempre interesada; las fuentes tienen, como es normal, una agenda propia, que no necesariamente coincide con la agenda del periodista o medio que recoge sus versiones o documentos y los difunde. Por eso, el periodista o medio necesita cerciorarse de la autenticidad del material, subtitularlo en este caso y a su vez ponerlo en el debido contexto.
No es necesariamente trabajo periodístico establecer los ilícitos que puedan derivar de esos audios o cualquier otro documento. Esa es labor fiscal o judicial. Al periodismo le basta con establecer la relevancia noticiosa. Claro que puede sugerir que en tal o cual conversación se pueda estar revelando o cometiendo un posible delito, pero sea cierto o se equivocase, o incluso si no hay ninguna falta penal evidente o solamente presuntas faltas éticas o políticas, es legítimo que el periodismo difunda materiales que involucran a personajes públicos.
Como se ha podido apreciar a lo largo de esta saga, conversaciones que aparentaban ser inocuas, con el correr de los días y a la luz de otros audios, resultaron más comprometedoras de lo que parecían.
Por ejemplo, la conversación entre el juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo sobre hacerle un trabajito de prensa al fiscal Pedro Chávarry; ahora se conoce que esta gestión sí existió pese a que los involucrados lo negaron en siete idiomas. Constituya o no una falta penal, ética o política, lo cierto es que la mentira descarada revela mucho sobre la consistencia moral de estas autoridades, e incluso podría pesar en la permanencia de Chávarry.
Como se ha podido apreciar a lo largo de esta saga, conversaciones que aparentaban ser inocuas, con el correr de los días y a la luz de otros audios, resultaron más comprometedoras de lo que parecían.
O lo propio en el caso del congresista Maurice Mulder, cuya primera conversación efectivamente decía poco o nada comprometedor, pero en la segunda y tercera cuando menos revela que no ha sido transparente en sus declaraciones sobre los vínculos que lo unen con el cuestionado juez Hinostroza.
De modo que el valor probatorio penal que se le exige al periodismo para revelar estos audios, en un intento por desacreditar su trabajo, es improcedente.
No obstante, sí hay un par de preocupaciones que considerar en relación con la difusión de los audios. Uno, que la sola mención de personajes se está convirtiendo en más que suficiente para que la opinión pública los sepulte y reclame despidos, renuncias y poco menos que su cabeza, como si no se supiera que como en cualquier otra actividad humana, los actores de las diversas instancias de la administración pública van estableciendo lazos y relaciones que, en sí mismas, no tienen ninguna implicancia penal, ética o política.
En ese sentido, el precipitado linchamiento público es muy peligroso, la suspicacia llevada al extremo ha derivado siempre en guillotinas reales o virtuales a lo Robespierre.
la sola mención de personajes se está convirtiendo en más que suficiente para que la opinión pública los sepulte y reclame despidos, renuncias y poco menos que su cabeza.
El otro aspecto es la selectividad de los audios. ¿Podemos estar seguros de que el orden de aparición no está monitoreado, no ya por el periodismo que cumple con verificarlos y contextualizarlos en caso los vaya recibiendo por lotes, sino por una mano oscura que desde fuera dosifica quiénes deben aparecer y quiénes no?
Tampoco es cuestión de caer en la hipersensibilidad de considerar que estas preguntas constituyen algún intento por desviar la atención de la cloaca judicial y política que los audios van revelando, que advertir sobre los peligros de la vendetta popular y un juicio público sin derecho a la defensa sea alguna manera un modo de ser cómplices con la podredumbre o aliados de fuerzas subrepticias desde alguna cantera política.
Se trata más bien de responsabilidad con la verdad. Con toda la verdad, la grande y la menuda. Con la evidente verdad, el cuadro completo de una inocultable conspiración corrupta en los distintos poderes del Estado. Pero también con la verdad oculta, el juego de intereses que pelean para que no se conozca todo o solo se conozca lo que conviene a cada quien.
