Escribe Manuel Cadenas Mujica
Hernando de Soto es un economista muy controversial, porque sus planteamientos suelen “salir de la caja” respecto del liberalismo criollo. Desde El otro sendero, que escribió al alimón con Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, y hasta El misterio del capital (sobre el fracaso del capitalismo fuera de Occidente), ha venido planteando que mientras el sector informal peruano –que comporta el 70 por ciento de la economía– no se integre al país formal, ninguna reforma funcionará y los beneficios del crecimiento seguirán ajenos a este sector mayoritario del país, alimentando la frustración y los conflictos sociales.
Pero lo que entiende De Soto como la incorporación de la informalidad a la vida nacional no es lo mismo que entienden los economistas o políticos convencionales. Él no habla de que la informalidad “pase por el aro” y “se formalice”, es decir, que adopte de buena voluntad la normativa legal del país formal, que se someta a todo su aparato burocrático y tributario, y también de buena gana asuma la pérdida de estatus y aspiraciones que eso comportaría. Porque, a decir, verdad, al margen de lo que el Perú formal suponga o desee, la informalidad ha establecido una zona cómoda en su visión de país, y no le interesa salir de ella.
Además, para el economista, la informalidad es un territorio liberado que convive entrelazado con el país formal, de modo que, por ejemplo, un maestro y su familia, que reciben un salario formal y no pueden subsistir con él, se integran a la informalidad con diversas ocupaciones para completar la canasta básica.
Ayer, luego que el presidente PPK hiciera una referencia a él cuando reconoció en una entrevista con Milagros Leiva que la mayor parte del Perú era informal, Hernando de Soto se presentó en el programa de Beto Ortiz para realizar una interpretación del momento político, que incluyó la huelga magisterial y los pasos que se deben dar, no solo para la solución de este conflicto social, sino para enfrentar los que asoman en el horizonte.
Algunos han interpretado esta presentación como un ejercicio de marketing personal destinado a conseguir una asesoría gubernamental, toda vez que el economista aseguró tener la clave para superar los duros momentos que atraviesa el gobierno de Peruanos por el Kambio. Pero, al margen de tal suspicacia, vale la pena considerar el panorama que trazó con mucho realismo, y ver si en verdad lo que propone es viable.
De Soto, que asesoró a Alan García en las postrimerías de su primer gobierno, en un intento por solucionar el lío de la hiperinflación, y que luego pasó al equipo de Alberto Fujimori, a quien aconsejó hasta 1992 (para luego formar parte del equipo de la candidata Keiko Fujimori en las últimas elecciones), nunca pierde tiempo para capitalizar los logros que en materia económica y social tuvo el primer gobierno fujimorista. Él los atribuye a su concepción –como buen liberal– de que en la raíz de los problemas sociales se sitúa el asunto de la propiedad, su definición y su defensa.
El fracaso de Sendero Luminoso en su intento por capturar adhesiones en los sectores rurales andinos –que desató la furia terrorista sobre muchas comunidades– se habría debido precisamente a que estos rechazaron la anacrónica propuesta senderista de comunizar la propiedad, cuando a esas alturas ya estaba individualizada. El gobierno fujimorista dio un golpe de mano al formalizar las actividades de autodefensa de los ronderos, anteriormente reprimidas por el Estado a través del Ejército (como se ha comprobado con la reciente sentencia del caso Los Cabitos) por ser consideradas “informales” y una usurpación “subversiva” de los fueros de la Policía y el Ejército, y de esa manera satisfacer una expectativa del este sector informal de la sociedad peruana.
En otras palabras, el Estado en aquellos días tomó así una amplia ventaja frente a otras ofertas de solución de este problema de la informalidad peruana relacionado con la propiedad en el ámbito rural andino. Una acción que –se esperaba– resultaría “simbólica” para el resto de la informalidad nacional, un guiño de ojos que permitiría establecer ámbitos de diálogo y concertación con tan amplio sector de la peruanidad, ya advertido como una realidad latente en la reflexión sociológica local desde los días de Manuel Gonzales Prada.
En ese sentido, sugerido sin ambigüedad en el título de su primer libro, se establecía “otro sendero” para la solución de los conflictos sociales en el Perú: el país formal acogiendo por las buenas al hijo pródigo aunque este no cumpliese con los paradigmas del hijo mayor seguramente enfurecido por semejante laxitud.
Lamentablemente, a entender de Hernando de Soto, ese “otro sendero” de reconciliación social y económica entre el país formal y el país informal, se abandonó. En los siguientes lustros, el autoritarismo, los escándalos de corrupción, el capitalismo de amigos, las promesas demagógicas incumplidas, la pésima administración del crecimiento y la caída de los precios internacionales, forzaron a desandar el camino. El abismo se acrecentó y, cómo no, los cantos de sirena extremistas volvieron a escucharse con melodías renovadas.
A eso atribuye De Soto, por ejemplo, que mientras el país formal declara terminada la huelga, las calles sigan atiborradas de maestros que protestan y declaran que solo quieren ser escuchados, aunque ni ellos mismos sepan a quién se debe escuchar y a quién no, de tan divididos que están. El embalse de expectativas al que PPK llama “frustración”.
Pero la social no es la única expresión de este divorcio nacional: también se eleva la informalidad económica que impide cumplir con las ofertas electorales porque es imposible recaudar más por mucho que se crezca, y sobre todo cuando el crecimiento está ralentizado. En el país más gastronómico de América, solo el 10 por ciento de los negocios de esa naturaleza son formales. En uno de los líderes mineros del continente, las protestas paralizan los proyectos. O la informalidad política que corre por la corriente sanguínea del Parlamento, cuando fuerzas democráticas se alían al extremismo para victorias pírricas como la de pretender la salida de una ministra que solo cumple con su labor técnica.
Lo que propone el economista –sin dar detalles, por supuesto, ese es otro precio– es no combatir la informalidad, sino tender un puente de diálogo con él, para traerlo de vuelta al redil, cómo única salida para evitar el colapso nacional. Porque, como se advirtió desde el primer día de gobierno de PPK, esta sería temporada de cacería rumbo a 2021. Para la izquierda, porque nunca se había sentido tan cerca de la presidencia desde los días de Alfonso Barrantes como en las elecciones pasadas. Para el fujimorismo, porque a la tercera tiene que ser la vencida y se debe aprovechar cada minuto de su posición de poder en el Congreso. Para el aprismo, porque García va recuperando el aliento perdido.
Camino a 2021, incendiar la pradera resulta el mejor negocio para cualquiera de los mentados, aunque el costo social y económico para el país siga siendo alto, y en realidad el único que capitalice ese abismo entre el país formal y el informal sea el extremismo, a los que relaciona.
El presidente Kcuzinsky es perfectamente consciente de esta situación. Su referencia a la informalidad como el gran problema del país no fue gratuita. Tampoco a la frustración que se respira en el aire. Y diversas voces han opinado lo propio, la necesidad de una reconciliación nacional entendida de un modo mucho más amplio, extendida a los sectores ya identificados por De Soto como fuentes y focos de conflicto e informalidad.
No obstante, antes de tender ese puente, como plantea De Soto, sería necesario plantearse algunas preguntas: ¿qué concesiones deberá hacer el país sin que eso signifique su claudicación como Estado de derecho, sin que la formalidad se sienta amenazada o defraudada en su fidelidad a la ley? ¿Qué sectores –como en el caso de la huelga de maestros– no podrán ser admitidos, por extremistas, negacionistas o anárquicos, con cuáles el diálogo está descartado, y en qué medida eso puede significar un peligro de fracaso? ¿Qué condiciones serán irrenunciables para que la inclusión del país informal no signifique un descalabro antes que una solución? Y, por último, ¿qué mecanismos garantizarán que la formalización tenga el éxito esperado?
Preguntas para contestar sin prisa, pero sin pausa.
