Resulta una ironía que haya sido Carlos Marx quien recordara a Hegel cuando el filósofo alemán dijo que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces”. Para el ideólogo comunista, Hegel se olvidó de agregar que esa repetición se da “una vez como tragedia y la otra como farsa”, al comentar los hechos que echaron por la borda los ideales de la Revolución Francesa y reinstalaron la monarquía constitucional en Francia.
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Una ironía porque su enfoque encaja como anillo al dedo ahora que dos grandes fuerzas políticas peruanas que encabezaron en su momento la contención de los brotes comunistas y extremistas en nuestro país, esto es el APRA y el fujimorismo, intentan revivir esos fantasmas al enfrentar las difíciles situaciones judiciales que vive el segundo y que podría vivir el primero si la lógica de los acontecimientos sigue siendo la misma en las próximas semanas o meses.
En efecto, desde la década de los años treinta hasta la de los cincuenta en el siglo pasado –incluso se podría creer que hasta los años ochenta– el APRA encarnó una tarea anticomunista mucho más efectiva que la desarrollada por el Estado y su aparato represivo. Por una sencilla razón: había logrado vencer en el debate ideológico en las bases.
El marxismo peruano ha negado siempre esa victoria aprista histórica, pero sus argumentos fueron siempre circulares: “las tesis de Haya de la Torre son débiles porque no se ajustan a la reflexión marxista ortodoxa”, decían, en resumen. Pero las tesis de Haya de la Torre tuvieron más adhesión en las masas, dispuestas incluso a inmolarse en nombre de ellas. Las entendieron mejor porque llegaron de la mano de un lenguaje no verbal muy eficaz.
Esa situación empezó a revertirse solo a partir de 1948, pero la desafiliación de las juventudes al ideario aprista para pasar a las filas del comunismo o del extremismo revolucionario no se produjo en el terreno ideológico, sino ético, cuando el viejo partido de Alfonso Ugarte empezó su giro pragmático hacia el centro y luego hacia la derecha ya en los años noventa. Entonces, la lucha anticomunista del APRA pasó de las manos ideológicas a las manos bufalescas.
Lo que ocurrió con el fujimorismo es una historia más reciente y no requiere sino refrescarla un poco. Sin ideario de ninguna clase, el fujimorismo de los noventa adoptó los postulados neoliberales que Vargas Llosa introdujo en el escenario nacional, los revistió de populismo en el lenguaje y los ofrecimientos, y les encontró el respaldo de un sector político, intelectual y militar fuertemente conservador. Con esas armas combatió tanto el extremismo comunista de Sendero Luminoso y el MRTA como el comunismo “democrático” enquistado en instituciones como la Cámara de Diputados del Congreso de la República, las oenegés y las universidades.
Para quienes creemos que el estatismo (comunista o mercantilista, da lo mismo) y el colectivismo (que es principalmente comunista, pero también se presenta en el socialismo y el nacionalismo) son modelos que perjudican notablemente el desarrollo de los pueblos, porque privan a los ciudadanos de sus derechos civiles y los convierten en ciudadanos de segunda clase, ambas agrupaciones cumplieron en su momento un rol histórico importante al frenar el estatismo colectivista, pero en cambio instalaron otro igual de nefasto: el mercantilismo populista.
Sin ideario de ninguna clase, el fujimorismo de los noventa adoptó los postulados neoliberales que Vargas Llosa introdujo en el escenario nacional.
Sin embargo, ese primer acto del aprismo y del fujimorismo respectivamente, se desarrolló en momentos cruciales de la nación, y puede ser considerado en ese sentido como “tragedia”. En cambio, este segundo acto que vivimos presenta todas las características de la “farsa”.
Es cierto que en el actual escenario político existe un riesgo latente de que el estatismo colectivista –encarnado por la izquierda peruana en todas sus variantes– pesque en río revuelto para las elecciones de 2021, y eso sería peligroso para el desarrollo del país si se consideran los desastres que han dejado en Venezuela y Argentina, por ejemplo. Pero, valgan verdades, el electorado peruano ha demostrado hasta el momento no estar dispuesto a sacrificar la estabilidad económica en pos de utopías destinadas al fracaso.
Pero aún cuando eso ocurriera, resulta claro que sería consecuencia –y no causa– de la vergonzosa actuación que el aprismo y el fujimorismo están ofreciendo de cara a la opinión pública.
Pese a ello, aprismo y fujimorismo intentan agitar las banderas que en el pasado enarbolaron con relativo éxito.
El APRA divulgando con descaro una serie de rumores, nacidos en las propias oficinas de Alan García y su camarilla incondicional: Jorge del Castillo, Maurice Mulder y Javier Velásquez Quesquén, en los que detallan una supuesta intentona golpista que se estaría gestando desde el propio Palacio, so pretexto la lucha anticorrupción.
El fujimorismo pretendiendo ser víctima de una persecución política en represalia por su “lucha contra el senderismo”. Su propio nuevo vocero, Carlos Tubino, ha señalado en un delirio macartista insólito que se está “destruyendo” la única línea de contención contra el avance comunista en el país.
Es innegable que el territorio en disputa es el electoral. Tendríamos que ser muy ingenuos para no considerar que esa disputa se ha extendido de ambos bandos hacia la administración de justicia. Y también habría que pecar de imprudencia sino señalamos que las decisiones judiciales no deben usarse como herramientas políticas en ningún caso.
Pero también –y eso es lo que pretende en este momento el aprismo y el fujimorismo– tendríamos que incurrir en necedad sino atendemos al sentido común y no consideramos los abundantes elementos que se han expuesto públicamente para identificar el uso impropio, ventral y presuntamente delictivo que se ha hecho de la política y de los cargos de elección popular en las dos últimas décadas, en plena democracia.
Lo que pretenden el aprismo, el fujimorismo, y cuantos los sigan en ese camino, es normalizar la corrupción. Contagiar de su laxitud moral y política a todo el país. Inocular como un virus en la ciudadanía la vieja consigna de que el fin justicia los medios, invocando para eso la legítima y sagrada vocación por la estabilidad económico, jurídica y política.
En eso consiste su farsa.
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