Ayer, el Tribunal Constitucional falló contra la reforma del Reglamento del Congreso de la República que modifica los artículos constitucionales sobre la cuestión de confianza. Una pretensión del bloque fujiaprista que buscaba restringir este mecanismo otorgado por los constituyentes al Ejecutivo para mantener el equilibrio de poderes.
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El Tribunal ha dicho que esa modificación excede las atribuciones del Parlamento, que puede precisar temas constitucionales referidos a sus propias funciones, mas no a las ajenas.
Sin embargo, voces como las de Carlos Bruce y Jorge del Castillo han salido apresuradamente a señalar que ese fallo del TC también involucra a la reforma constitucional sobre el tema de la cuestión de confianza contenido en el proyecto de bicameralidad que votaremos en el referéndum.
Eso ha ocasionado una tremenda confusión en el electorado, que se disponía a votar por el NO a la bicameralidad atendiendo la explicación del presidente Vizcarra, quien señaló que tal como ha sido planteado el proyecto de bicameralidad, distorsiona su propuesta en dos puntos: la cuestión de confianza y la no reelección.
¿Eso ha cambiado con este fallo del Tribunal Constitucional? La verdad es que no. Los propios miembros del Tribunal, entre ellos su presidente, han señalado que cualquier aplicación del fallo sobre este proyecto de reforma tendría que solicitarse después del referéndum, en caso la bicameralidad se apruebe.
Porque, además, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre proyectos de ley, sino sobre leyes. La reforma tendría que darse y adquirir rango de ley –constitucional en este caso– para que recién el TC se pronuncie.
En cualquier caso, con un lenguaje cauto, recomiendan que el Congreso y el Ejecutivo, o cualquiera de estos poderes por su cuenta, lleguen a un acuerdo político al respecto para que, una vez aprobada la bicameralidad, soliciten al Tribunal que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma en lo que respecta a la cuestión de confianza.
Habría que esperar la buena voluntad de este Congreso para que eso ocurra o la decisión política del Ejecutivo.
Tal como ha sido planteado el proyecto de bicameralidad, distorsiona la propuesta del Ejecutivo en dos puntos: la cuestión de confianza y la no reelección.
Lo que no se puede, sin una posible infracción constitucional o sin afectar la fecha del referéndum, es retirar esa reforma del proyecto aprobado por el Pleno del Congreso de la República y por la que votaremos este 9 de diciembre.
¿Quién le pondría el cascabel a ese gato? Porque el referéndum ya ha sido convocado. ¿Cómo desconvocarlo o modificar los términos del mismo?
En ese sentido, lo que Bruce, Del Castillo y otros parlamentarios han señalado en declaraciones públicas no se ajusta a la verdad. Es una abierta campaña de desinformación, cuyo propósito sería otro: quedar expeditos para postularse a una curul en el futuro Senado de la República.
En efecto, el proyecto de bicameralidad, además de modificar el actual mecanismo de cuestión de confianza, también deja abierta la posibilidad a los actuales congresistas de postularse a la nueva institución, que muy convenientemente cambiaría de nombre, y ya no se llamaría más Congreso sino Parlamento de la República, y sus miembros no serían congresistas, sino parlamentarios, según el texto del proyecto que irá a referéndum.
Es cierto: el proyecto de bicameralidad no señala expresamente que eso pueda ser así, pero tampoco lo niega. Y pudo negarlo. Porque siempre es posible incluir en los textos constitucionales íntegros o en sus reformas, alguna norma transitoria que especifique detalles que se derivan de la transición al nuevo estatus jurídico.
Aquí habría sido necesario que se señale en una disposición transitoria que, para todos los efectos, en las elecciones de 2021 los términos “congresista” y “parlamentario” son equivalentes. Con esa sola precisión se cerraría el camino para que después, mediante cualquier palabreo, se justifiquen postulaciones que, en el fondo, traicionan la reforma de no reelección parlamentaria.
Como ya se ha visto, la dinámica política peruana no admite la buena fe, cuando menos por el momento.
Se puede estar o no de acuerdo con la reelección de representantes, al Parlamento o Ejecutivo; se puede desear o no la bicameralidad en el supuesto de que signifique un verdadero beneficio para la funcionalidad y prestigio parlamentario. Lo que no se debe es mentir a la población.
Los ciudadanos merecemos tener todas las cartas sobre la mesa para tomar buenas decisiones. Pero si se dicen medias verdades, lo recomendable es decirles NO.
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