Inspirados en el coloquialísimo estilo del primer ministro César Villanueva, inaugurado durante la reciente presentación del gabinete en el Pleno, cuando exclamó a viva voz “qué carajo vamos a presentar a un país así, queriendo entrar a la OCDE”, parece oportuno preguntarse si en lo que respecta a las recientes medidas tributarias de afectar el impuesto selectivo al consumo de algunos productos, y los argumentos con que se han tratado de justificar, acaso el premier y sus ministros nos quieren cojudear.
Felizmente el presidente Vizcarra ha anunciado esta mañana que no procederá ningún cambio en materia de impuesto a la renta; parece que solo fue un globo de ensayo del ministro Tuesta, y las reacciones generales advirtieron una crisis en el horizonte si se aplicaba la idea de eliminar la exoneración a quienes ganan por debajo de los dos mil soles. No necesita el Gobierno abrirse en estos momentos un frente tan impopular.
Pero eso no atenúa la insensatez de elevar el impuesto selectivo al consumo de 17 a 25 por ciento para las bebidas azucaradas, incluida el agua mineral con adición de azúcar u otro edulcorante, y para las bebidas alcohólicas, de 25 a 40 por ciento, así como subir el precio por cigarrillo de 0,18 a 0,27 soles por unidad y el ISC a la gasolina y al diésel B5. Por más que se busque dorar la píldora, se trata simple y llanamente de un paquetazo, una medida facilista y desesperada ante a la indisimulable deflación que atraviesa nuestra economía.
El cojudeo al que hacemos mención queda revelado en las explicaciones que el Ejecutivo y sus voceros han dado para que la población se trague el sapo: está preocupado por su salud. Y como le preocupa su salud, le impone un castigo para disuadirla de consumir esos productos. Sin embargo, a la misma vez, en un acto de esquizofrenia política, confiesa esperar que esta medida –no olvidemos: diseñada para disminuir el consumo de los productos sobregravados– le ayude a mejorar la recaudación fiscal. ¿Cómo espera que eso ocurra si, en teoría, lo que busca es que se consuman menos?
La respuesta es evidente: porque la supuesta preocupación por la salud en estas medidas no existe. Si tan preocupado está, ¿por qué entonces no aplica su energía a la regulación de los productos azucarados? Porque, claro, ese es un camino cuesta arriba para el que se requiere verdadera voluntad política. Y el Estado peruano en materia regulatoria ha demostrado interesarle un pepino el ciudadano y el buen productor. El camino fácil es cargar el peso en el consumidor, el supuesto beneficiado. Como se dice, si va a ser de esa manera, mejor no me ayudes, compadre.
El camino fácil es cargar el peso en el consumidor, el supuesto beneficiado. Como se dice, si va a ser de esa manera, mejor no me ayudes, compadre.
Lo propio en cuanto a los combustibles: ¿interesado en el medio ambiente? Hay muchísimas otras maneras de demostrarlo. En la deforestación de la Amazonía, por ejemplo. En la depredación y contaminación marina. En la contaminación por plomo en las zonas mineras, que afectan el crecimiento y salud de nuestros niños. Ahí no más tiene tarea para rato. Claro, eso no mejora la recaudación fiscal; por eso es mejor gravar al consumidor, arruinarle su economía ya tambaleante por un lustro de pésimo manejo económico.
Si tanto le interesa el medio ambiente, ¿por qué seguimos pagando los precios más altos de América, con márgenes de ganancia abusivos, en los combustibles más ecológicos?
Es cierto que alzas de impuestos como las que se aplicarán a las bebidas azucaradas y el tabaco han surtido cierto efecto benéfico para la salud pública en otros países, con disminuciones del índice de obesidad y reducción de incidencia en cáncer al pulmón y la boca. Sin embargo, eso no justificará nunca el atropello de ningún derecho del ciudadano, como es la libertad de elegir los productos legales que prefiera consumir. El azúcar es un producto legal y las bebidas azucaradas también, lo mismo que el tabaco o el alcohol. El fin no debe justificar los medios.
Pero hay dos aspectos adicionales en el análisis y cuestionamiento de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de impuesto selectivo al consumo. Además de ser un burdo “engañamuchachos” facilista y de vulnerar derechos fundamentales del ciudadano, acaba por arraigar más todavía la informalidad, cuya factura la terminamos pagando los mismos de siempre: los contribuyentes que sí cumplen (¡cumplimos!) con el fisco a cambio de nada o poco menos que nada. Atribulados peruanos de cuyos bolsillos brota el caudal que malgastan con liberalidad irresponsable todos los poderes del Estado, en un festín de coimas y despilfarros escandaloso e interminable.
Y ahí es donde aparece el siguiente aspecto: el precio de tanta irresponsabilidad. Una cosa son los paquetazos que en algún momento se aplicaron para sincerar una economía plagada de subsidios y distorsiones, como la que heredamos en los 90 después de tanto estatismo. Pero los que solo tienen como propósito aplicar la ley del embudo económico sobre los hombros del contribuyente, esos terminan siempre siendo “pan para hoy y hambre para mañana”. Así que, señor Villanueva y gabinete, no nos cojudeen.
