En los últimos años, Ventanilla sentía que, poco a poco, había logrado desmarcarse de la violenta realidad chalaca. En 2015 y 2016, los índices delictivos habían descendido notablemente. Sin embargo, en 2017 la amenaza recrudeció: 5 homicidios entre enero y abril, de julio a diciembre 30, además de lesiones por arma de fuego. Y solo en la primera quincena enero de 2018 van 3 crímenes, 2 de ellos con muerte.

Es decir, 28 muertos por encargo durante 2017. “Nunca ha pasado eso en nuestro distrito”, señala el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos. Y todo indica que la tendencia es a crecer. Solo en los últimos 20 días, la cifra de víctimas ha escalado a 9.

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Esa estremecedora realidad ha llevado al alcalde a exigir al Gobierno Central una nueva declaratoria emergencia para el primer puerto, que hoy amaneció con el crimen de la esposa de un funcionario del gobierno regional. El promedio de la Provincia Constitucional es hoy de un muerto diario en manos de la delicuencia.

“Estamos presentando con 450 organizaciones de pobladores un memorial al presidente de la República y al ministro del Interior, y a diferentes autoridades, porque necesitamos de manera urgente una intervención de manera más efectiva. La gente está sumamente indignada. No queremos más muertes ni en Ventanilla ni en Mi Perú; hablamos de medio millón de habitantes”, dijo el alcalde a una radio local. “Sin duda esta medida va a tener un tiempo de duración, pero va a permitir por ejemplo un mayor traslado de efectivos”.

SICARIOS EN GUERRA DE MAFIAS

La principal razón para que se demande esta medida extrema, que permita aplicar otras estrategias y acciones en la lucha contra la delincuencia, es que en el caso de Ventanilla la ola criminal se relaciona estrictamente con el sicariato en el marco de la sangrienta guerra por el tráfico de terrenos, la comercialización de drogas, funcionamiento de negocios como paraderos de vehículos –entre otros– y el control de las organizaciones de construcción civil.

 

En los últimos 20 días la cifra de víctimas ha escalado a 9.

Vale decir, no se trata de la violencia delictiva común que azota a Lima y Callao, con robos de celulares, raqueteo, reglajes o asaltos, sino de vendettas y ajustes de cuentas entre las mafias del crimen organizado, y de sus tentáculos en diversos sectores de la sociedad.

Por esa razón, el esfuerzo desplegado por la Policía Nacional y la seguridad ciudadana de las municipalidades, así como por la propia población, resulta ineficaz.

Lo que se requiere, según la primera autoridad de este enorme distrito chalaco es más policías y una labor de inteligencia que permita dar con los cabecillas de las bandas asesinas del Callao.

EVALÚAN PEDIR TOQUE DE QUEDA

En este reclamo al Gobierno Central para que declare el estado de emergencia acompaña a Omar Marcos el alcalde de Mi Perú, Reynaldo Encalada, quien coincide en que esta sería la mejor decisión para salvaguardar la seguridad vecinal, tal como señala la Constitución cuando se refiere a los regímenes de excepción, creados como respuesta del Estado de derecho antes casos o situaciones que afecten la vida de ciudadanos o la nación en general. Mejor aún, señalan, si viene acompañada de un posible toque de queda, medida que evalúan solicitar también.

La importancia del estado de emergencia radica en que mientras esté vigente, se pueden realizar detenciones sin una orden de arresto previa, cuando la autoridad lo crea conveniente, así como ingresar a viviendas sin orden fiscal y tener más policías destacados a la zona.

La a ola criminal en Ventanilla se relaciona estrictamente con el sicariato en el marco de la sangrienta guerra por el tráfico de terrenos (Foto: La República)

UN COCTEL EXPLOSIVO

Según estudios realizados por la comuna de Ventanilla y las cifras recogidas con el afán de comprender las características y magnitud de la ola criminal, hay una serie de factores que han incidido en el brote de esta clase de delincuencia.

Uno de ello es la liberación de peligrosos reclusos, “que han visto en esta guerra de mafias una oportunidad para su negocio criminal”, señala Omar Marcos. También una tendencia demasiado garantista en la aplicación del código procesal penal que ata de manos a la Policía Nacional para actuar conforme a sus atribuciones (el delincuente termina con más garantías que el policía debido a un supuesto “debido proceso”) y entorpece las investigaciones y procesos investigativos, que se vuelven lentos y engorrosos.

Ha influido asimismo la escasa presencia policial y la ausencia de unidades policiales especializadas en el distrito, como por ejemplo, de la dirección antidrogas. Al depender de la región, se pierde un comando operativo más ejecutivo.

Empeora la situación que la población carezca de compromiso y participación, lo cual se comprende por los temores que esta clase de delincuencia provoca, así como por la falta de la cultura de la denuncia y la convivencia con elementos de malvivir.

Para colmo de males, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna exiguos recursos a los gobiernos locales para la seguridad ciudadana, lo cual se suma a que no existe una normatividad legal que permita al Serenazgo pasar del simple arresto ciudadano a la autoridad para solicitar al ciudadano que se identifique, con proyección a que en un mediano o largo plazo se convierta en una Policía alterna que pueda actuar en determinada jurisdicción municipal como ocurre en muchos países , bajo el comando del alcalde, en apoyo del rol constitucional que tiene la Policía Nacional.

ÚNICA SALIDA PARA LA TRANQUILIDAD

Por eso, la aplicación del estado de emergencia propuesto tendría que venir de la mano, según el alcalde Omar Marcos, de otras medidas inmediatas, entre ellas: mayor asignación de policías y logística para el Callao y específicamente para Ventanilla, fortalecimiento radical de los equipos de inteligencia operativa del distrito, instalación de unidades especializadas dependientes del coronel PNP Divter III, presencia policial de la Unidad de Protección de Obras Civiles.

En el Congreso, propone la necesidad de legislar por una parte sobre el otorgamiento de mayores facultades operativas para los servicios de Serenazgo, y por otra se clarifique los delitos de usurpación de terrenos y se haga obligatorio el tratamiento de rehabilitación para los consumidores de drogas, penalizándose la reincidencia.

Según Omar Marcos, solo de esta manera se logrará restablecer la tranquilidad en la provincia, especialmente en Ventanilla, donde la situación se ha vuelto incontrolable.

 

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