La Policía Nacional y el Ministerio del Interior del régimen pepekausista vienen cometiendo no solo crasos errores estratégicos sino también flagrantes atropellos a la Constitución en la manera cómo enfrentan las protestas que, por distintas causas, se desatan en nuestro país.
Es cierto que en muchos de esos casos los manifestantes cometen excesos y desacatan acuerdos para que puedan realizar sus manifestaciones de manera pacífica –aunque no falten quienes aseguran que eso es imposible, que para protestar de verdad “tienen” que romper alguna norma, ser “disruptivos”–, pero en un estado democrático, la tarea de las fuerzas del orden no es principalmente proteger al Poder, sino a la ciudadanía y su ejercicio.
Como he expresado en distintas ocasiones, estoy convencido de que los sectores de izquierda y los extremistas tienen todo un programa para tener al país en vilo a golpe de marchas, paros y huelgas. Es su modus operandi favorito, la única manera como consiguen alguna atención y engatusar a las almas más inconformes. Pero eso no justifica una represión desmedida y, peor aún, evidentemente selectiva.
Particularmente, lo ocurrido ayer con la manifestante que fue detenida por exhibir un letrero contra el visitante Papa Francisco I ha sido uno de los actos más absurdos y abusivos que se hayan visto en los últimos tiempos, por todas las connotaciones que tiene.
Hola mi nombre es María Fernanda y la policia me está llevando a la comisaría por tener hacer un cartel que dice “el papa encubre pederastas”. Seguiremos informando pic.twitter.com/KIBclbMwI8
— El Papa encubre pederastas (@FUCKtheP0PE) 18 de enero de 2018
Es importante recordar a la Policía y al Gobierno que en el Perú existe libertad de opinión y de expresión del pensamiento. En el primer caso, es irrestricto; en el segundo, las restricciones a las que está sujeta están precisadas en la ley. Para la identificación ciudadana basta la presentación del DNI. De modo que esa detención solo pudo tener una razón: la censura inconstitucional a una opinión que resulta incómoda para los propósitos políticos de una visita religiosa.
Opinión que pudo pasar desapercibida, a lo sumo ser anecdótica, pero que ahora, gracias a la sutileza de elefante en una cristalería exhibida por la Policía Nacional, es noticia nacional e internacional.
Desde luego que es irrespetuoso irrumpir en una iglesia o cualquier otra sede con desnudos o realizando desmanes y ataques. Desde luego que la fuerza pública tiene como deber restablecer el orden cuando aquello ocurre. Pero no porque la protesta en sí misma constituya una falta, sino por la manera en que esta se realiza.
Aquí es donde lo estratégico ha de sumarse a lo constitucional. Es torpe e ilegal echar mano de métodos impropios para evitar que los ciudadanos se manifiesten. Doblemente torpe, entonces.
Opinión que pudo pasar desapercibida, a lo sumo ser anecdótica, pero que ahora, gracias a la sutileza de elefante en una cristalería exhibida por la Policía Nacional, es noticia nacional e internacional.
Y lo saben, porque cuando marchan las huestes filosenderistas por la ciudad, ni se les ocurre ponerles el guante encima. ¿Por qué entonces sí acometen contra ciudadanos inocuos, como esta señorita de nombre María Fernanda, que portaba el letrero antipapal?
Como ya se comprobó una vez más en Chile con el Papa Francisco I y la indignación por la actitud pasiva y hasta encubridora de la jerarquía romana frente a los cientos de casos de pederastia entre el clero, no importa cómo se pretenda dorar una píldora, cuánto esfuerzo se ponga hoy en poner mediáticos paños fríos a una situación que se ha salido de madre. Si la voz ciudadana se quiere expresar, no hay manera de detenerla.
Estemos o no de acuerdo con la protesta de turno, urge entender este nuevo orden y ser respetuosos de la Constitución primero, tener mucho tacto después. Sobre todo cuando la legitimidad del régimen pende de un hilo.
