La sombra del autoritarismo asoma otra vez so pretexto de “salvar” una democracia “débil”, cuando el verdadero mal es una representatividad desfasada.
Follow @TiempoRealPeru_
El estilo político que viene desplegando el fujimorismo desde que volvió a probar la miel del poder como mayoría absoluta en el actual Congreso ha llevado a muchos sectores –y no solo los tradicionalmente adversos– a considerar que, en cierta manera, se está viviendo un periodo análogo al de la década de los noventa, cuando esta fuerza política avasallaba a sus adversarios sin ningún miramiento, con una vocación autoritaria sin disimulos, plenamente respaldada desde el Ejecutivo.
Otros, además, han recordado que aquella actuación fue el correlato parlamentario del acuerdo político–militar que intermedió Vladimiro Montesinos a inicios de esa década para atenuar un golpe ultraderechista encabezado por las Fuerzas Armadas que se venía gestando desde mediados de los ochentas, y cuyo propósito no era otro que “corregir” las debilidades de una democracia representativa incapaz de solucionar los graves problemas económicos y sociales, y derrotar al terrorismo.
En ese sentido, se señala que las condiciones están servidas en bandeja desde el régimen de PPK, cuya parsimonia y falta de liderazgo no solo mantienen al país en un pasmo económico que recuerda al que se vivió en días de Fernando Belaunde, sino que como en aquella ocasión se desenvuelve bajo la sombra del terror en crecimiento –el subversivo y el delincuencial ahora– y de las acusaciones por posibles nexos con sectores empresariales ligados a la corrupción –del caso Odebrecht esta vez–.
De nuevo, la solución autoritaria estaría asomando como supuesta receta infalible contra una democracia representativa “blandengue por naturaleza”. De ahí que la mayoría parlamentaria haya impuesto una seguidilla de leyes y reformas controversiales, pretenda imponer otras, desoiga a las minorías, arrincone a las voces disidentes en su propia bancada, mantenga en permanente entredicho al Ejecutivo, y enfile sus baterías contra el Tribunal Constitucional y la administración de Justicia.
Pero, ¿es verdad que la democracia representativa en el Perú sufre de parálisis congénita, que es esencialmente inútil para resolver los problemas acuciantes del país, y que por eso es necesario recurrir a la “mano firme” (léase autocracia)? Una y otra vez, a lo largo de la república, se ha llevado a la práctica esa teoría, y el resultado ha sido siempre el mismo: un espiral de atropellos a los derechos y libertades civiles en nombre del bien común. El remedio peor que la enfermedad, pero no se aprende la lección.
No se conoce todavía un régimen político que supere en virtudes al democrático representativo; pero, en muchos sentidos, la reflexión sobre su naturaleza y dinámica se ha quedado estancada en modelos que corresponden a sociedades de hace dos siglos, premarxistas, con parches posmarxistas que lejos de dinamizarlo han contribuido a llenarlo de contrasentidos, de paradojas que terminan alentando la frustración por las sobrexpectativas en la participación ciudadana.
El factor esencial de la democracia representativa es, precisamente, la representatividad. Cuando una sociedad no se percibe representada por aquellos a quienes ha elegido es en buena medida porque no ha tenido mejores opciones que elegir. El elector es pragmático emocional, y elige lo que siente el “mal menor” no porque sea incapaz de apreciar las cualidades de las buenas propuestas, sino porque las prefiere realizables aunque sean pocas, arriesgar lo menos posible.
Por tanto, la representatividad no apunta tanto a un asunto de propuestas, sino de ejecutores, de calidad humana. A inicios de la república, por ejemplo, los requisitos para postularse a un escaño en el Parlamento eran restrictivos de acuerdo con los criterios de élite imperantes. Luego, paulatinamente se fueron relajando hasta que en la Constitución de 1933 prevalecieron los criterios inclusivos, eliminando toda restricción, salvo la edad. Así se recogió luego en las constituciones de 1979 y 1993, inclusive.
Es natural: para cuando se dicta la Constitución de 1860 –la de más larga vigencia en la vida republicana–, los niveles de analfabetismo en el Perú sobrepasaban el 80 por ciento de la población. Y eso mejoró muy lentamente hasta la década de los años 1990. Era natural, entonces, que en búsqueda de representatividad, la participación política correspondiente al derecho a elegir y ser elegido estuviese exenta de cualquier exigencia académica. Imponerla habría atentado contra esa participación.
Hoy, en cambio, en que no solo los niveles de analfabetismo se han reducido por debajo del 3 por ciento –lo cual califica al Perú como un país libre de ese mal social–, sino que el acceso a la educación básica y superior está al alcance de cualquiera, sucede lo inverso: no establecer exigencias académicas para la participación política atenta contra la representatividad democrática. Es tan fácil de entender que, sin ser requisito, hay congresistas que falsean su información al respecto, y ciudadanos que lo reclaman.
Por tanto, no importa cuánta mano firme ponga el fujimorismo o cualquier otra tienda política, bajo la promesa –o el pretexto– de solucionar los problemas que aquejan al país. Como le decía ayer a un colega, ¿acaso tendremos que decir o aceptar que “solo el autoritarismo salvará al Perú”? La dicotomía maligna de La Insoportable Levedad del Ser Gobierno y Yo, el Supremo Parlamento quizá pudiese atenuarse hasta casi desaparecer si existiese una mejor representatividad política, acorde a estos tiempos.
TIEMPO REAL EN TWITTER
