De acuerdo con lo que ha trascendido extraoficialmente de las respuestas obtenidas por la Fiscalía peruana a las preguntas que formuló a Marcelo Odebrecht, cuando menos la situación política de los principales líderes del país se complica de manera dramática y única en toda nuestra historia.
Se trata de quienes encabezan las principales fuerzas partidarias peruanas, con representación parlamentaria incluso, a lo cual se suma que en el actual oficialismo y en las filas del Frente Amplio en el Congreso, varios o muchos de sus integrantes provengan de los partidos gobernantes o aliados de las administraciones Toledo y Humala, con lo que virtualmente –desde el punto de vista político, insistimos– nadie puede sentirse libre de salpicaduras en el actual escenario nacional.
No es una afirmación que produzca la menor satisfacción, sino todo lo contrario: quisiéramos en verdad que las acusaciones se hubiesen descartado de plano. Y todavía esperamos que se hagan públicas oficialmente para tener una apreciación más clara, porque tanto el fujimorismo como los demás aludidos tienen otra interpretación de lo dicho por el colaborador eficaz brasileño, y toca mantener la presunción de inocencia.
Tampoco hacemos este señalamiento con el propósito de generalizar para diluir responsabilidades en un mare magnum de escándalos de corrupción: es evidente que de comprobarse las afirmaciones del CEO de Odebrecht, habría una jerarquía nefasta que empezaría en el pináculo de tres expresidentes (Toledo, Humala, García) y seguiría muy cerca en el ámbito de la lideresa de la primera mayoría parlamentaria de hoy.
Esa seria una lamentable comprobación que situaría al ejercicio político en el Perú en una posición de absoluto descrédito (si acaso se creía que ya nada podía empeorarlo), ante lo cual la construcción de la democracia y el progreso nacional peligrarían gravemente.
Mientras eso ocurre, el presidente de la República –quien para colmo de males se niega a declarar ante una comisión congresal que investiga las posibles implicaciones de funcionarios del régimen toledista (del que formó parte) en este caso–, ensalza en el foro de APEC una percepción del Perú como país progresista.
Es su rol como jefe de Estado, no puede renunciar a él bajo ninguna circunstancia, pero habrá que preguntarse en verdad cuán sostenible resultará esa percepción en adelante si se comprueban las afirmaciones de Marcelo Odebrecht, cuánto terminará afectando el futuro del Perú que tres expresidentes e importantes candidatos a conducir el país (amén de alcaldes y gobernadores regionales, junto con funcionarios de confianza) hayan estado involucrados en una red de corrupción multimillonaria, con el respaldado cerrado y ciego de sus respectivos colaboradores partidarios, que ponen las manos al fuego por ellos.
Las respuestas desde Brasil del colaborador más importante en este caso tendrán todavía que corroborarse, en el caso de Keiko Fujimori y Alan García, con lo que amplíe Jorge Barata. Y deberán acompañarse, como demanda nuestro ordenamiento legal, con otros elementos objetivos de juicio para que se abran procesos y se les encauce junto con quienes puedan resultar corresponsables.
Pero desde ya, no hay nada que celebrar ni que aclamar, cual sorprendentemente hizo ayer el fujimorismo en el Parlamento. Al contrario, lo que debería producir en la actual clase política, para sintonizar alguna vez con el sentir ciudadano, es una profunda consternación y preocupación que lleve a una sincera y radical actitud de contrición.
Ojalá que, dados los precedentes, aquello no sea demasiado pedir.
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