En las dos últimas semanas, desde que se filtraron algunos pasajes del interrogatorio de la Fiscalía peruana a Marcelo Odebrecht acerca del presunto financiamiento de su empresa a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, con la confirmación también de las coimas al expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia, así como lo que el exCEO de Odebrecht habría dicho sobre las siglas del expresidente García, la entrega de fondos a otras agrupaciones políticas y las supuestas –y negadas– consultorías del actual presidente de la República para esa empresa, la percepción de que la corrupción involucra a todos los sectores políticos ha crecido abrumadoramente.

 

Tal percepción se acrecienta todavía más cuando un sector que se resistía a siquiera considerar la participación de sus líderes en este nauseabundo esquema, atribuyendo las imputaciones al fujimontesinismo, el fujiaprismo o al pepekausismo (e incluso al toledismo, que fue el primero en resentir el golpe de este caso), ha debido reconocer hoy, finalmente, una realidad de la que siempre se sospechó: Odebrecht y OAS pagaron consultorías por tres millones de dólares para la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Hay quienes incluso ya piden la prisión preventiva para ella.

Hasta los más renuentes –como la actriz Mónica Sánchez– han expresado su decepción en las redes sociales. Inclusive, lo ha hecho la congresista Glave, ahora del entorno de Verónika Mendoza, también cuestionada por su nunca aclarada participación en las anotaciones de la agenda de Nadine Heredia.

“Como regidora y parte del equipo municipal que fue dirigido por Susana Villarán, me toca enfrentar esta realidad. Creí que era imposible que hubiera corrupción en una gestión que precisamente enfrentaba la corrupción. No creí en las acusaciones. Por esto, asumo la responsabilidad política que me toca. Esto me deja muchas lecciones, la primera, que la corrupción está en todas partes y que debemos estar alerta siempre, sin importar el tinte político. Toca ahora averiguar quiénes fueron, porque ellos y ellas deben dar la cara y responder por esto”, dice Glave.

Esas amargas comprobaciones, que se acrecientan conforme pasan los días con denuncias como la que se hace contra el exministro Mariano González, que habría aportado a la campaña de PPK con dinero procedente de Odrebrecht según una línea de investigación de la Fiscalía, no pueden significar para nadie un motivo de satisfacción, sino más bien de profunda preocupación.

Haberse enamorado no habría sido el peor error de Mariano González.

Adormecidos por los efluvios de la clasificación al Mundial Rusia 2018, la mayoría de peruanos parece enajenarse de la realidad para abrazar la felicidad deportiva como una panacea, como una metáfora esperanzadora. Pero, ¿cuánto durará ese ensueño? Cuales fueren los resultados del Mundial en julio del próximo año, unos meses después todo peruano deberá afrontar su responsabilidad ciudadana para elegir a sus autoridades locales, provinciales y regionales.

Téngase en cuenta, en ese sentido, que también los gobiernos subnacionales han sido arrasados por el cáncer de la corrupción, al punto que veintidós gobernadores regionales se encuentran en manos de la justicia: nueve investigados, tres procesados y diez sentenciados por diversas irregularidades y actividades ilícitas en el ejercicio de sus funciones; entre ellos, tres gobernadores regionales de Ancash, tres de Cusco, dos de Tumbes, dos de Ucayali, dos de Loreto y dos del Callao (el actual, Félix Moreno, y el también exalcalde Alex Kouri) de la misma agrupación política (Chim Pum Callao); y unos dieciséis alcaldes provinciales.

Alex Kouri es uno de los 9 ex gobernadores regionales que se encuentran sentenciados. Hay 22 en total en manos de la justicia.

Emocional como es el elector, hay que ser muy ilusos para creer que el impacto de esta vorágine de corrupción no esté calando hondo en su ánimo y eso se traduzca a la hora de votar. Por ahora, los peruanos prefieren no pensar en eso. Lo eluden. A lo sumo manifiestan su hartazgo y rechazo en las encuestas, pero esto no se transforma como se podría esperar en movimientos civiles y nuevos liderazgos. La procesión va por dentro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Pero a la hora de las decisiones, se reflejará en las ánforas, este 2018 y con más fuerza el 2021, quizás con un talante que ni nos guste ni nos convenga, y que hipoteque el futuro del país a cantos de sirena.

Porque no olvidemos las lecciones de la historia. Cada vez que la desilusión política ha tocado la puerta de algún país, asoman por la ventana las soluciones extremas: las voces atronadoras del autoritarismo que promete erradicar a los corruptos de un solo golpe y a la mala, o las voces seductoras del populismo que propone repartir el botín empresarial y del Estado como un acto de justicia frente a tanta corrupción. Todavía no se dan a conocer, pero hay que dar por descontado que están ahí, agazapadas, aguardando su oportunidad para dar el zarpazo.

Preocupa lo que pueda pasar en las elecciones de 2018 y 2021 frente a la desilusión política por la corrupción generalizada.

Si las fuerzas políticas del país, y también el periodismo nacional que contribuye poderosamente a la formación de la opinión, no toman conciencia de lo grave de esta crisis y continúan enfocados en demostrar quién estuvo más manchado, quién fue el más corrupto y persisten en arrojar la papa caliente al adversario creyendo que de esta forma salvarán el pellejo, que no aparezcan luego rasgándose las vestiduras cuando emerjan las fórmulas que harán retroceder al Perú nuevamente dos o tres décadas, porque la responsabilidad habrá sido suya y nada más que suya. Esta es una segunda llamada de alerta.

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