En nuestro informe sobre las hojas de vida de los candidatos a la alcaldía de Breña, mencionamos que cuatro alcaldes distritales de Lima han sido capturados por integrar o liderar organizaciones criminales. Resulta un dato muy elocuente que los cuatro pertenezcan o hayan pertenecido a las filas de Solidaridad Nacional. Por eso, en nuestro informe de hoy sobre los candidatos a la alcaldía de Jesús María la primera observación que hacemos es que cuatro de los dieciocho postulantes hayan sido integrantes de esta agrupación política.
Desde luego, ese es solo un dato objetivo, no una acusación ni necesariamente implica una inconducta. Pero es menester observar que tres de ellos renunciaron en 2017, una cronología que concuerda con lo ocurrido en el otro distrito que pertenece al Jurado Electoral de Lima Centro. ¿Pura coincidencia, hartazgo de los manejos en esa agrupación o sincronización de estrategias? No está de más hacerse esas preguntas.
–LOS EXSOLIDARIOS–
Sin embargo, sobre uno de ellos sí pesan algunos cuestionamientos que vamos a detallar. Se trata de Ernesto Delhonte Cagna, quien postula en las filas del PPC. Abogado con estudios de maestría en Gestión Pública, comercio exterior y asesor privado de seguridad, fue regidor distrital por Somos Perú de 1999 a 2002 y por el partido de Castañeda Lossio en la gestión saliente (2015—2018). Su renuncia a Solidaridad Nacional se produjo temprano, en 2016.
Declara no tener antecedentes penales e ingresos por 156 656 soles anuales. Pero un primer dato que salta a la vista es su inclusión en la lista de candidatos a los que el cantautor peruano Marcos Romero acaba de denunciar por usar su famosa canción “Porque yo creo en ti” sin autorización ni haberle pagado derechos de autor, algo que un abogado debería conocer.
Además, el colectivo Jóvenes Contra la Corrupción, en su página de Youtube Justicia Jesús María, lo acusa de asesorar legalmente a Rafael Ocaña Melgarejo en el supuesto intento por apropiarse de la vivienda que pertenece a la anciana vecina Teresa Nakamatsu, a quien este le debería alquiler desde hace cuatro años. El colectivo señala que pese a ser actualmente teniente alcalde del distrito, Delhonte no tiene reparos en amparar el incumplimiento de la Resolución 035-2017 del Juzgado de Paz Letrado, que ordena a su patrocinado Rafael Ocaña a cumplir con el pago y abandonar la vivienda.
Al respecto, otro vecino del distrito, el odontólogo Gonzalo Cánovas Huidobro Deffeuillier, lo llama “robacasas”, y señala que Delhonte se encuentra inactivo o inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima.
También renunció a Solidaridad Nacional, pero en 2017, Jesús Gálvez Olivares, candidato de Perú Patria Segura. Publicista al frente de su empresa de Producciones desde 2003, es regidor del distrito en el actual periodo. Declara no tener antecedentes penales y registra ingresos por 88 080 soles anuales, así como dos camionetas por 40 800 y 27 056 soles. Una información que no concuerda en su hoja de vida es la de su domicilio: consigna primero uno en la avenida República de Chile, otro en la avenida Mariscal Luzuriaga, pero menciona que en su DNI figura la de su vivienda en Lurín. Además, reporta tres infracciones tránsito.
Lupe Solano Huaylinos postula por Podemos Por el Progreso del Perú tras una larga trayectoria como regidora en Jesús María por Solidaridad Nacional, desde 2006 según su hoja de vida, hasta su renuncia en 2017. De acuerdo con este documento no ha cursado estudios ni técnicos ni universitarios. Tampoco declara ingreso alguno, pero sí una vivienda en Jesús María.
Lo mismo su ex compañera Estefanía Manzaneda Pineda, que postula por Unión Por el Perú, después de renunciar a Solidaridad Nacional en 2017 y a Siempre Unidos en 2011. Esta abogada declara un ejercicio independiente de su profesión desde 2008, y no haber tenido cargos partidarios ni de elección popular, con ingresos por 46 152 soles anuales.
Sin embargo, al final de la hoja de vida, consigna información muy importante: haber realizado algunos trabajos para la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo en marzo y abril de 2018, durante la gestión de César Infanzón, otro renunciante a Solidaridad Nacional en 2017 y que asumió en enero la alcaldía en reemplazo del también solidario Ángel Chilingano, con prisión preventiva acusado de liderar la banda “Los Topos de Lima Sur”. Infanzón, que ahora postula a la alcaldía de VMT también por Unión Por el Perú, ha recibido hace dos días una sentencia de tres años con prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cualquier cargo como funcionario público por el delito de concusión en agravio del Estado. La sentencia espera apelación.
Además, Manzaneda hizo asesorías para la Municipalidad Provincial de Lima en enero de 2015 y de 2017, además de ser asesora en el Congreso de la República entre 2013 y 2015.
–EXPERIENCIA MUNICIPAL–
Pero no todo paso municipal significa, necesariamente, un punto a observar con lupa desde el punto de vista político. Porque existen otros candidatos que han desarrollado una carrera en este ámbito y provienen de las canteras administrativas, y que ahora saltan a la otra orilla, de la elección popular.
Es el caso de la abogada con posgrado en Gestión de Políticas Públicas, Cecilia Rojas Ortiz, candidata de Perú Nación. Ha sido abogada de la Municipalidad de Surco (2017—2018), subgerente de la Municipalidad de San Isidro (2016), además de subintendente de Sunafil (2015). Sin pasado partidario ni cargos de elección popular, tampoco tiene sentencias judiciales. Consigna ingresos por remuneraciones de 62 111 soles anuales y poseer un auto Kia Picanto.
También abogada, con posgrado en Política y Gestión Tributaria, la candidata de Siempre Unidos, Sara Camargo Sandoval, ha sido abogada de la Municipalidad de San Isidro (2018), gerente municipal del Rímac (2015—2016), gerente de Rentas de Municipalidad de La Punta (2015), gerente de Rentas (2009—2014) y sugerente de Control y Fiscalización (2007—2009) de la Municipalidad de Jesús María. Tampoco ha tenido cargos partidarios ni de elección popular, declara no tener antecedentes penales y por ingresos consigna 57 872 soles anuales, además de tres inmuebles en San Miguel (departamento, estacionamiento y depósito), así como una camioneta Nissan 2010. Presenta una solicitud de licencia sin goce de haber por ser funcionaria pública en el régimen CAS.
Como actuaciones públicas se le recuerda por haber encabezado los cuestionamientos a la falta de previsión del municipio limeño en la puesta en funcionamiento del túnel Santa Rosa, por los perjuicios que significaban para los vecinos del Rímac. También registra un incidente en La Punta, donde un empresario se queja de no haber sido atendido por ella en su reclamo por el retiro de una publicidad en abierto desconocimiento del silencio administrativo positivo.
También ha laborado en distintos municipios Livia Flórez Fernández, candidata de Somos Perú. Ella ha sido asesora del Despacho de Alcaldía de Cieneguilla 2018, gerente municipal de Cieneguilla (2011—2018), gerente municipal de Breña (2011) y gerente municipal de La Molina (2010). Abogada con estudios de maestría no concluidos en Gobierno y Gestión Pública, su única participación política ha sido como militante aprista, hasta su renuncia en 2010. Declara 44 190 soles como ingreso anual, una oficina en San Borja y un departamento en Jesús María, así como una camioneta Gran Santa Fe 2014.
En este grupo hay que contar también a Raúl Sullca Maquera, el candidato de Solidaridad Nacional. Caso insólito, pues siendo actual regidor distrital (2015-2018), no renunció a esa agrupación como sus demás compañeros, aunque entre 2007 y 2010 fue regidor de municipalidad de Breña por el APRA, donde habría sido invitado pues no consigna renuncias partidarias en su hoja de vida. Tiene estudios en Derecho no concluidos, manifiesta no tener antecedentes penales. Reporta ingresos por 303 980 soles, declara 5 inmuebles por casi un millón de soles y 11 vehículos, entre camiones y camionetas, la mayoría antiguos, así como acciones en empresa inmobiliaria por 12 000 soles.
–OTRAS CANTERAS–
Aunque han tenido algunos pasos por municipios, los siguientes candidatos destacan más bien por su trabajo y desarrollo en otras áreas. Por ejemplo, Augusto Vega Rioja, “Vega Veguita”, el candidato de Alianza Para el Progreso, es reconocido como exfutbolista de los días de Challe y Mifflin, dedicado luego a su empresa de confección de artículos deportivos. También se le conoce por su trabajo por la niñez y la juventud con su lema “un deportista más, un drogadicto menos”, con el cual ha llegado a ser asesor de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas en Municipalidad de Jesús María (2015), de San Juan de Miraflores en 2015 y 2012—2013 y de Los Olivos.
Pero su “salto a la fama” se produjo hace una década, cuando en diversos medios como Caretas reveló haber colaborado con el nacionalismo de los esposos Humala—Heredia en su primera postulación presidencial, elaborando un plan antidrogas para su plan de gobierno, pero que se alejó en cuanto el montesinista Óscar López Meneses se le acercó en el penal de San Jorge —a donde “Vega Veguita” acudía para su trabajo social— identificándose como parte del entorno de Ollanta Humala, confirmando los nexos entre el humalismo y el montesinismo.
No ha tenido cargos de elección popular (aunque fue subprefecto en el Huallaga, Sullana, Huamanga, Huari, Chimbote y Lima, donde fue prefecto) y renunció a Unión Por el Perú en 2015. Declara no tener ninguna sentencia firme, pero no consigna ingresos ni bienes en su hoja de vida.
De similar perfil es el candidato por el APRA, Félix Manrique Huamán. administrador con estudios de posgrado en Administración y Gestión Pública en CAEN, ha sido gerente de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Juventudes de Pueblo Libre, 2017 y comisario de fútbol en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional desde 2006. En su partido, también es secretario nacional de Asuntos Deportivos. Regidor distrital por el APRA de 1990 a 1992, declara no tener sentencias firmes, ingresos por 71 000 soles anuales y dos vehículos.
Lo que resulta polémico de Manrique es su militancia como ferviente activista contra la llamada “ideología de género”, junto con su actual empleadora y subsecretaria de Propaganda y Difusión en el Comando en Acción de Jesús María del APRA.
Quien no registra ninguna información en su declaración laboral es Wilma Chira Coronado de Arrus, candidata de Peruanos Por el Kambio. Pero es maestra instructora hotelera egresada de Cenfotur y bachiller en Ciencias Sociales. Además, ha sido alcaldesa distrital por La Flor de los Valores (2005-2006) y regidora por Somos Perú (2003-2004) No tiene antecedentes penales. Tampoco renuncias partidarias. Sus ingresos anuales son muy altos: 5 232 600 de soles en el rubro de otros (predios, muebles, intereses, dietas, acciones). Posee dos predios: una casa en Jesús María por 9 087 630 de soles y tienda en San Borja por 3 953 797, además de declarar joyas de oro por 30 000 soles y porcelanas y platería por otros 30 000.
–LOS EDUCADORES–
En Jesús María, los maestros han decidido incursionar en la vida política y tomar las riendas del distrito en donde ejercen su tarea docente desde hace algunos años. Un caso es el de Jorge Camacho Bueno, candidato de Todos Por el Perú, director del colegio Los Álamos desde 2008. Ingeniero electrónico de la UNI con estudios de maestría en Administración, no ha tenido cargos partidarios ni de elección popular, tampoco ha renunciado a partidos ni tiene antecedentes penales. Declara ingresos por 114 300 soles, la mayoría por remuneraciones, así como dos inmuebles en Magdalena. Se le ha visto en público representar a la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa).
El otro caso es el de Judith Gayoso Villaflor, que va con Juntos Por el Perú. Ella es directora del Colegio San Patricio desde 2007. Educadora titulada del Instituto Pedagógico de Monterrico, tampoco ha tenido cargos partidarios ni de elección popular, ni muestra antecedentes penales. Declara ingresos por 45 101 soles anuales, un departamento en Miraflores por 198 620, un auto Suzuki por 29 700 y –valor inapreciable– un óleo de César Martínez.
No han merecido mayores comentarios los casos de Eduardo “Lalo” Calle Cama, candidato de Perú Libertario, ingeniero industrial independiente desde 2017, con maestría en Gestión Pública, militante del PPC de 2004 a 2014 (renunció), sin pasado en cargos de elección popular ni antecedentes penales, quien declara 80 000 soles como ingresos anuales y no tener bienes.
Asimismo, Judith Torres Anaya, candidata de Fuerza Popular, abogada y contadora que renunció al PPC en 2014, quien declara 72 511 soles de ingresos anuales, un departamento en Jesús María, una casa en Cercado de Lima y un auto Hyundai 2015; Ricardo Álvarez Rivera, de Democracia Directa, gestor inmobiliario independiente desde 2009, quien renunció a Alianza Para el Progreso en 2017 y a PPC en 2009, y declara ingresos por 49 862 soles anuales; así como Jorge Quintana García-Godos, de Acción Popular, abogado director de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Vivienda, secretario general de su partido en Jesús María (2017-2018), con ingresos anuales por 168 000, ex docente universitario hasta 2010 y candidato al Congreso en 2006 y 2016.
–AY, PAQUITA–
Mención aparte corresponde a un personaje muy polémico de la política edil del país desde la década de los años noventa: Francisca “Paquita” Izquierdo Negrón, quien ahora postula por Restauración Nacional del expastor Humberto Lay.
En su hoja de vida ella se presenta como propietaria de la Hacienda La Manga en Cajamarca desde 2009, administradora con estudios en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEM, secretaria general de Restauración Nacional en Cajamarca 2005-2006, candidata al Congreso por Alianza por el Gran Cambio 2010-2011, alcaldesa distrital por Somos Lima 1996-1998 y alcaldesa distrital por Somos Perú 1999-2002. Y punto. Los despistados podrían pensar que la trayectoria de esta flamante hacendada es así de escueta. Pero su vida pública dice mucho más.
“Paquita” Izquierdo fue diputada por Cajamarca en las filas del Fredemo de 1990 hasta el autogolpe de 1992, tras lo cual pasó a ser asesora política del PPC (1992-1994), asesora de Alberto Andrade en Miraflores (1994) y tras renunciar al PPC en 1995, militante de Somos Perú, agrupación a la que renunció sonoramente en el delicado año político de 1999, cuando se le acusó de hacerle el juego al fujimorismo contra la candidatura presidencial de Alberto Andrade.
La propia Paquita ha acusado al periodista Ángel Tachino (luego alcalde de Pueblo Libre) de haber inventado ese cargo cuando era jefe de prensa de Andrade, y se ha quejado siempre que se le recuerda ese capítulo, señalando que su salida de Somos Perú se debió a la negativa del fallecido alcalde de Lima a separar su entorno familiar de la dirigencia partidaria.
A una de aquellas quejas Caretas respondió: “Durante la campaña de hostigamiento a Alberto Andrade muchos alcaldes de Somos Perú renunciaron a la agrupación, entre ellos Luisa María Cuculiza y Paquita Izquierdo. Unos terminaron en las filas del fujimorismo y otros como la firmante se mantuvieron independientes, pero todos contribuyeron a minar la candidatura del alcalde de Lima constituyéndose en los precursores del transfuguismo masivo que se produjo después en el Congreso”.
Aunque declara no tener antecedentes penales, su gestión al frente de Jesús María no estuvo exenta de graves acusaciones, como la operación de compra de la casona municipal (se le acusó de haber pagado 3 334 000 soles más costos financieros por un inmueble que seis meses antes costó al crédito 1 980 000). Aquella vez la Contraloría hizo una denuncia, pues se sospechaba que quien vendió al municipio había comprado el inmueble como una simulación para evadir a la Sunat, entre otras denuncias en que se involucró a su funcionario y luego alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma. Luego, ella acusaría a Ocrospoma de haberse apoderado de 40 000 soles que le dio para realizar una maestría en España.
También estuvo involucrada en denuncias penales por delitos como abuso de autoridad, exacción ilegal, apropiación ilícita, violencia y resistencia a la autoridad y abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes, falsificación de documentos, entre otros, en agravio del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, pero la acción penal fue declarada prescrita.
Paquita Izquierdo formó y lideró luego su propio partido, Primero Perú, y en 2003 obtuvo 16 alcaldías distritales y una provincial, aunque luego perdió su inscripción. Fue presidenta de AMPE de 2000 a 2002.
Declara ingresos por 72 000 soles anuales, una casa en JM y un terreno en Cajamarca dividido en tres parcelas, dos vendidas a hermanos.
(Mañana, Lima Este 1: Ate)
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