Veinte ciudadanos postulan a la codiciada alcaldía de Ate, por su importancia político-estratégica, económica y social. En esta tercera entrega, si bien no encontramos en sus hojas de vida sentencias judiciales firmes, es más bien lo que no han consignado o lo que se ha pasado por alto en sus agrupaciones políticas lo que enciende las alarmas electorales. Información que los votantes de este distrito no deben ignorar.
–GRAVES PECADOS–
1. Edde Cuéllar Alegría, Acción Popular. Dos investigaciones penales. Economista, con estudios de posgrado no concluidos en Gestión Pública, actual regidor distrital por Solidaridad Nacional, al que renunció en 2017, también había renunciado a Somos Perú en 2014. Declara haberse desempeñado como gerente de Planificación de la Municipalidad de Ate entre 2011 y 2014 y como empleado público en la Municipalidad de Surco de 2015 a 2018. Indica no tener sentencias penales firmes, y declara ingresos por 125 100 soles anuales y dos vehículos.
Lo que no consigna es que también fue gerente de Planificación de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, gestión criticada por el Frente Único de Defensa y Desarrollo Integral de ese distrito, que lo identificó en su momento como uno de los gestores del incumplimiento en la ejecución de obras del distrito.
Por otra parte, Cuéllar tiene abiertas dos investigaciones penales: una por desobediencia o resistencia a la autoridad y violación a la libertad de trabajo y asociación, en el Segundo Juzgado Mixto de la Primera Fiscalía Provincial de Santa Anita (expediente 00849-2012-0-3202-JM-P-02); y otra por peculado doloso en el Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria Sede Modo Penal (expediente 05028-2016-0-3204-JR-PE-02).
Sin embargo, el Comité Nacional Electoral de Acción Popular declaró improcedente un pedido de nulidad, argumentando que como aún no hay sentencia firme, la ley le permite postular. Lo cual es cierto, pero ¿no se supone que los partidos deben ser los filtros?
Además, en un reporte de Panamericana Televisión se le acusó de regalar dinero durante la campaña. El congresista Lescano critica esta acción, pero ha sido su propio partido el que evitó cerrar el paso a este candidato.
2. Simón Ortiz Talaverano, Somos Perú. Revocado por firmas falsas. Director gerente de una inmobiliaria desde 1989, abogado, fue regidor distrital de Somos Perú de 2007 a 2010 y de 2011 a 2013. Renunció a Solidaridad Nacional en 2014. Declara no tener antecedentes penales, y recibir ingresos por 4 381 305 soles anuales gracias a sus 20 inmuebles, 16 en Ate, 3 en Santa Anita y 1 en Lurín. También consigna 2 vehículos de su propiedad.
Pero lo que no declara es que el año 2013 fue revocado como teniente alcalde, después de haber encabezado el intento de revocatoria contra el entonces alcalde de Ate, Juan Enrique Dupuy. ¿Cómo se produjo este sorprendente giro? Porque bajo el impulso de la vecina Nancy Cuello, Simón Ortiz Talaverano fue incluido por el JNE en la revocatoria al haberse encontrado que en el proceso que promovía contra el alcalde había llenado planillones con adherentes fantasmas: nombres, firmas y hasta huellas digitales de personas muertas y radicadas en el extranjero.
El colmo en este caso fue que entre los “firmantes” con su “huella digital” figuraba una mujer que no tenía brazos como se reveló en este informe televisivo.
3. Adalberto Guardián Ramírez, Podemos Por el Progreso del Perú. Empleado destituido por abandono de puesto. Su carrera política inicia como regidor distrital de 1990 a 1992 por Izquierda Unida, pero declara ser abogado de la Municipalidad de Ate desde 1988 (con intervalos sin laborar de 1996 a 1998 y de 2007 a 2013), y gerente municipal de Ate 2015-2018.
Lo que no declara es que el segundo de esos intervalos se produjo porque fue destituido como empleado nombrado por abandono de puesto de trabajo en dos ocasiones, durante 5 días y durante 47 días, destitución firmada por el entonces alcalde y hoy candidato Juan Enrique Dupuy, publicada en El Peruano. Sin embargo, de alguna manera regresó al Municipio como funcionario y lo ha representado incluso fuera del país.
Declara ingresos anuales por 347 035 soles, 1 casa en Ate, 1 casa y 2 cocheras en Surco, 1 casa en Huánuco y una oficina en Lima, así como 3 camionetas y 1 auto.
4. Juan Dupuy García, Perú Patria Segura. Amistades peligrosas. Su candidatura aparece con una tacha en trámite. Empresario y abogado, ha sido regidor distrital de 2003 a 2006 y alcalde por Unidad Nacional de 2007 a 2010. Postuló a la reelección por el partido de Alex Kouri, Cambió Radical, pero perdió por escasos votos frente a Oscar Benavides. Declara no tener antecedentes, ingresos por 306 454 soles anuales y 9 propiedades (1 departamento en Miraflores, 1 sótano, 1 oficina y 6 estacionamientos en Surco). Renunció al PPC en 2015, después de perder su cuestionada postulación en 2014.
Lo que no puede aparecer en su hoja de vida son algunos episodios como la captura en su local de campaña de 2010 de dos sicarios que mataron a comerciante de papas, y amistades que han llevado a ser considerado por algunos una suerte de “topo” fujimorista. Exsocio del abogado Fernán Altuve, muy cercano al fujimorismo, aparece como socio de Philip Butters en una empresa, y recientemente se le ve en un almuerzo flanqueado por dos personajes relacionados con Vladimiro Montesinos: el empresario Moisés Wolfenson y el periodista Enrique Vidal.
–PECADOS VENIALES–
5. Johnny Walker Vásquez Arana, PPC. Economista. Peleas por pintas. Regidor distrital de 2007 a 2010 por Unidad Nacional, declara 110 000 soles de ingresos anuales, una casa en Cieneguilla y un terreno en Carabayllo. Lo que no consigna es que alguna vez, en 1998, intentó ser regidor del distrito de San Luis con el movimiento fujimorista Vamos Vecino, sin suerte. Además, ha sido jefe de campaña de otros candidatos.
Cuando Dupuy postuló a la reelección en 2010, Johnny Walker Vásquez quedó como alcalde en funciones, y según el diario La República, habría participado en una gresca entre militantes del PPC y miembros del serenazgo de Ate que borraban las pintas de Lourdes Flores. “¿Johnny Walker estaba sobrio?”, se preguntaba la publicación. Lo cierto es que el tema de las pintas lo persigue, pues un vecino le ha reclamado recientemente por hacer pintas partidarias en su fachada sin su consentimiento.
6. Tadeo Guardia Huamaní, Alianza Para el Progreso. No transparentó información. Es responsable político en Ate de este partido desde 2014, aunque su paso como alcalde distrital en Santa Anita (2003-2006) se produjo en las filas de Unidad Nacional. En 2014 renunció a Todos Por el Perú y el PPC en simultáneo. Declara no tener antecedentes penales e ingresos anuales por 90 000 soles.
Como alcalde de Santa Anita recibió una demanda de hábeas data de la vecina Mercedes Arbila Cuadros, quien solicitaba el detalle de las obras ejecutadas de acuerdo con el Programa de Inversiones del Presupuesto Participativo 2005. De acuerdo con esta ciudadana, Guardia y sus funcionarios se negaron primero a recibir su solicitud y luego a proporcionar la información. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia declaró improcedente el recurso de hábeas data, pero luego el Tribunal Constitucional revirtió ese fallo a favor de la señora Arbila Cuadros.
7. Rodolfo Roiro Padilla, Todos Por el Perú. Ayúdame (iglesia) que yo te ayudaré. Renunció a Acción Popular en 2015. Declara ingresos en 30 000 anuales, dos motocicletas y una camioneta Chevrolet. Este abogado ejerce la especialidad de la conciliación extrajudicial desde 2010, y en su hoja de vida consigna ser técnico en Computación, además de abogado con estudios de posgrado en Derecho Penal. Sin embargo, en su página de FB dice otra cosa, con abultados lauros.
Lo que también ha llamado poderosamente la atención es su reciente participación en un espacio religioso evangélico, en el cual un pastor hace abierta propaganda electoral por él, e incluso le solicita puestos de trabajo al aire. Y Roiro Padilla se compromete a ir a cada iglesia para recepcionar los CV de sus hermanos.
8. Luis Santa Cruz Yabar, Fuerza Popular. Lo tacharon la primera vez. Gerente general de su empresa desde 1992, este ingeniero electrónico no ha tenido cargos partidarios ni de elección popular. Tampoco consigna antecedentes penales. Declara ingresos por 146 835 soles anuales, una casa en Ate y otra en La Molina, y dos autos.
Su pecado es el más venial de todos: en 2014, el Primer Jurado Electoral Especial Lima Este tachó su candidatura pues no había presentado los documentos que sustentaran haber vivido por lo menos dos años continuos en el distrito donde postula.
–SIN PECADOS CONOCIDOS–
Los demás candidatos en Ate no lucen mayores señales de alerta… hasta donde se conoce.
Félix Vila Lázaro, del APRA, cuya candidatura aparece aún como improcedente, es un ingeniero de sistemas, con estudios de maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial, y dedicado a la promoción educativa. Su hoja de vida lo muestra exento de antecedentes penales Declara ingresos por 10 000 anuales. No declara bienes, pero sí aclara que se le absolvió de un proceso por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en agravio de la Municipalidad de Ate. Jueza Juana Durand Flores, expediente 00403-2013 0 3202-JM-PG-02, enviada a archivo para borrar antecedentes que se hubieran podido generar.
También figura improcedente la de Fidel Torres Andrade, de Juntos Por el Perú, psicólogo, docente universitario cesante, que fue regidor provincial por Izquierda Unida de 1980 a 1983 en Cerro de Pasco; lo mismo la ingeniera industrial con estudios de posgrado en Gestión Municipal y Desarrollo Local, Marina Chávez Ramírez, de Peruanos Por el Kambio, quien labora como coordinadora de Cofopri y declara ingresos por 46 800 anuales, una casa en Ate y otra en lugar no especificado en proceso judicial para otorgamiento de escritura pública según contrato de compra-venta.
Silvio Roy Astor Cuba, de Perú Nación, titulado en Ciencias Sociales y Humanidades y estudios concluidos en administrador de empresas tiene su candidatura aún como improcedente. Ha sido subdirector en Ministerio de Trabajo 2016-2017. Fue gobernador del distrito, candidato al Congreso por Justicia Nacional Resurgimiento Peruano con el número 6 en 2006, renunció al Partido Nacionalista en 2017.
Declaran no tener antecedentes penales, sus ingresos y sus bienes: el arquitecto Carlos Roel Montellanos, de Siempre Unidos, exposibilista y militante del Partido Nacionalista; Norma Serna Torre, de Unión Por el Perú, quien ha trabajado en ProTransporte de 2015 hasta el 9 de abril de 2018, quien renunció a Solidaridad Nacional en 2017; Ismael Rodríguez Arroyo, del Frente Amplio, exsecretario de Organizaciones Vecinales por Izquierda Unida (1980-1986).
También el tecnólogo médico con maestría en Estudios Político y Doctorado en Ciencias Sociales, Rubén Verástegui Carrasco, de Avanza País; la abogada Olga Posadas Colichón, de Vamos Perú; el economista Aly Carlos Villarroel, de Democracia Directa, regidor de Ate 2011-2014 por Somos Perú y 2015-2018 por Solidaridad Nacional; Edithluz Castro Muñoz, de Perú Libertario, postulante al Congreso en 2016; y Wilmer Cayhualla Barrientos, del Frepap, vendedor en El Edén de San Borja desde 2004, sin estudios superiores ni técnicos.
