El problema con el voto en la Comisión de Constitución por archivar el proyecto de ley que buscaba impedir la reelección de congresistas no es el asunto de la reelección en sí misma, que puede ser muy discutible, sino asuntos de naturaleza más delicada.
Por un lado, lo cuestionable es la clase de argumentos expuestos para sustentar esa decisión, y por otro la oportunidad en que esta representación nacional decide descartar de plano esta propuesta.
No hay forma de demostrar que la reelección de candidatos para un cargo público sea, en sí mismo, un acto antidemocrático. Solo se trata de una opción que cada país considera apropiado o no. De hecho, algunos de los sistemas democráticos más sólidos no han tenido mayores problemas con la reelección en el Ejecutivo, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Por qué la reelección sería no democrática? Bajo las medidas de control político adecuadas, el ejercicio del poder no tendría por qué ser una ventaja para ser reelegido. Y tener la ventaja de una buena gestión precedente no debería ser motivo de cuestionamiento alguno, sino todo lo contrario: una virtud, no un defecto.
Si se relajan o quedan obsoletas esas medidas de control, en cambio, hasta un sistema democrático sólido como el norteamericano se ve perjudicado por inconductas como la de Nixon para reelegirse.
También se dice que la reelección fomenta la corrupción, pero es una verdad a medias. Aunque existe el peligro de que en sucesivas gestiones se puedan instalar y perfeccionar sistemas de corrupción, sin reelección la perspectiva de los corruptos se concentra en aprovechar al máximo el corto tiempo en el poder para sus fechorías.
En cambio, tenemos a la mano ejemplos de como la continuidad en el cargo ha sido muy beneficiosa para los electores. Muchos de los mejores gobiernos municipales de distritos limeños consiguieron sus metas gracias a las reelecciones, y los vecinos vieron florecer sus comunas en esa estabilidad política que refrendaron con sus votos.
Es un asunto, entonces, de integridad personal más que de reelección o no.
Los propios integrantes de la Comisión de Constitución, al defender su voto contra la medida que impediría su reelección, reconocen estas ventajas, cuando señalan que las inconductas y cuestionamientos suelen ser protagonizados por los nuevos, no por los experimentados, cuyo aporte es imprescindible para el buen funcionamiento del Parlamento.
¿Por qué sería la experiencia en el cargo una fortaleza en el caso de los congresistas y una debilidad en el caso de los presidentes, alcaldes o gobernadores? ¿Acaso no se necesitan también presidentes, alcaldes y gobernadores con experiencia en lugar de improvisados o neófitos? O viceversa, ¿por qué una debilidad en el caso del Ejecutivo sería una fortaleza en el Legislativo?
“Es que se trata de una labor distinta”, afirman los defensores de la reelección congresal. Eso es obvio. Pero la naturaleza de la función de un poder del Estado no es necesariamente un criterio que aplique para impedir o no la reelección. Son cargos de elección popular, ambos afectan la vida del ciudadano, ambos manejan presupuestos, ambos son corruptibles.
Pero es más preocupante aún el argumento de que con la no reelección de congresistas se estaría “impidiendo el derecho de elegir de los ciudadanos”, como se ha escuchado a Pedro Olaechea y otros decir. ¿Acaso no ocurre lo propio cuando se ha legislado para impedir la reelección de alcaldes, gobernadores y presidentes? ¿En serio esperan ser tomados con seriedad cuando sostienen esa clase de razonamientos?
Estas graves inconsistencias lógicas y jurídicas terminan orientando los reflectores hacia la oportunidad en que se produce este archivamiento: un Parlamento que ha demostrado una y otra vez su poco respeto a la Constitución, introduciendo reformas constitucionales por la ventana, a través de normas de segundo orden.
En ese contexto, no puede dejar de mirarse este archivamiento como una demostración más de la voluntad autocrática del actual Congreso de la República, convertido en juez y parte de sí mismo, aferrado a sus privilegios, ciego y sordo a las demandas de la población, dedicado a legislar para su propio provecho y permanencia en el cargo.
