Escribe Manuel Cadenas Mujica
Primero protestaron por el nivel de sueldos. Querían el aumento prometido ahora, no en mayo de 2018. Luego que lo consiguieron, la protesta viró hacia el presupuesto asignado al sector Educación: debía saltar al 10 por ciento ahora, no gradualmente, porque la educación no podía esperar. Aquello era, sin duda, una locura inviable, pero el Gobierno accedió a elevarlo al 6 por ciento y así lo cumplió en el nuevo proyecto de presupuesto de la República presentado y sustentado ante el Parlamento.
Pero eso tampoco era suficiente. Había que eliminar la evaluación docente “punitiva”, porque lo que se buscaba no era evaluar sino despedir, según los maestros. En los exámenes escritos se evaluaban materias que no eran de la especialización de todos los docentes, decían. En ese punto, el Minedu no estaba dispuesto a transigir, pero sí a desmentir que se tratase de evaluaciones escritas sobre materias teóricas, sino de evaluaciones de desempeño, en aula; y tampoco punitivas: con tres oportunidades de aprobación (tres años en total), con varias capacitaciones por medio.
En cuanto la opinión pública, y muchos maestros también, tomaron nota de este aspecto en particular y se produjo un viraje en la percepción de lo que realmente reclamaban los docentes, a medida que quedaba clara la intransigencia de las atomizadas dirigencias magisteriales y su sesgo ideologizado –cuando no cercano al prosenderismo–, entonces la protesta de los maestros tomó un nuevo giro: ahora se trata de “proteger” la educación gratuita contra un supuesto proyecto de “privatización”.
He recibido y comparto el video con los conceptos que se vierten respecto de esta teoría conspirativa magisterial. Discursos que una gran parte del profesorado –e incluso de congresistas como los de Frente Amplio en la interpelación a la ministra Martens el último viernes 8– ha asumido como ciertos, lo cual preocupa todavía más, puesto que revela el nivel de comprensión verbal, formación cultural e ideologización en que se encuentra, y que explica la intransigencia a la que se ha llegado: si el Estado no se pone de rodillas, no hay diálogo posible.
TEORÍA CONSPIRATIVA MAGISTERIAL
En resumen, lo que plantea esta teoría conspirativa es que el modelo de asociaciones público–privadas que se viene aplicando en muchos sectores, incluidos algunos pilotos en educación y salud, representan un caballo de Troya a las pretensiones del Estado de “privatizar” la educación pública y, por esa vía, “eliminar la gratuidad de la enseñanza”. En ese sentido, la evaluación docente estaría destinada a allanar el camino laboral –vía despidos docentes– para la empresa privada que quiere “apoderarse” de este sector y “oprimir” a la población peruana.
Para ello hace cita, por ejemplo, de la Constitución de 1993, que abre vía a la participación privada en distintos sectores incluida la educación nacional, y de posteriores normativas relacionadas con lo que hoy es el Sistema de Inversión Privada, desde el Decreto Legislativo N° 757 en la Ley Marco para Crecimiento de la Inversión Privada de 1991, hasta el Decreto Legislativo N° 1012 de 2008 (Ley Marco de Asociaciones Público–Privadas para la Generaciónde Empleo Productivo) y el más reciente Decreto Legislativo 1224 que crea dicho sistema.
También hacen referencia a documentos de carácter internacional en los que distintas instituciones (como el BID o el Banco Mundial) promueven las asociaciones público–privadas en distintos escenarios del mundo, principalmente de América Latina.
lo que plantea esta teoría conspirativa es que LAS APP son el caballo de Troya en “privatización” de la educación pública y, por esa vía, “eliminación de la gratuidad de la enseñanza”.
Aparentemente, tal teoría conspirativa magisterial tendría asidero, pero solo si se le considera desde una perspectiva superficial, proveniente de lecturas ideologizadas de la realidad nacional que muchos maestros adoptan de modo sectario y cuasi religioso como “la verdad”. En primer término, porque ni siquiera han realizado las verificaciones necesarias para constatar que las APP constituyen, como creen, un proceso de privatización, e ignoran que no es lo mismo fomentar la inversión privada que privatizar. Solo es posible privatizar las empresas públicas y el sector Educación no es una de ellas, sino un servicio que brinda el Estado en cumplimiento de un derecho constitucional de los ciudadanos del Perú.
EDUCACIÓN, DEBER Y SERVICIO
Al respecto, es importante precisar también que los conceptos de “servicio” y de “derecho” no son excluyentes y ni siquiera opuestos, según martillan los dirigentes extremistas del magisterio –entre ellos Pedro Castillo– y sus aliados del Congreso en el Frente Amplio. Como se sabe, derechos y deberes conforman un binomio jurídico indisoluble. El derecho en este caso es exigible de parte de los ciudadanos. Corresponde cumplir el deber, en forma de servicio, al Estado.
El asunto aquí es cómo cumple ese deber, cómo brinda el servicio. Aunque la Constitución reconoce tal derecho ciudadano y reitera la obligación del Estado a destinar presupuesto para tal fin, no señala los mecanismos de que se valdrá para su cumplimiento y menos aún excluye la participación de la inversión privada en esa tarea. Ni siquiera la tan canonizada Carta Magna de 1979 lo hace, de donde la pretensión de imponer un modelo al respecto por parte del magisterio resulta atrevida y prepotente.
los conceptos de “servicio” y de “derecho” no son excluyentes y ni siquiera opuestos, según martillan los dirigentes extremistas del magisterio.
Para su información, “las APP constituyen un conjunto de acuerdos entre entidades públicas y privadas, en los que las primeras delegan a las segundas la realización de una serie de actividades tradicionalmente ejecutadas y/o financiadas por el Estado. En estos acuerdos debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las partes. El concepto de APP engloba varias modalidades contractuales entre el privado y el Estado, por ejemplo, contratos de concesión, contrato de gerencia, contrato de gestión u otras modalidades atípicas”, de acuerdo con el portal del Estado peruano.
Y continúa: “En Perú, el concepto de APP no tiene como objetivo introducir un nuevo concepto, sino más bien sistematizar en uno solo distintas modalidades contractuales de participación conjunta de los sectores público y privado. De esta manera, las APP representan un género, una técnica de realización de actividades públicas, en el que se agrupan otras figuras tradicionales y mecanismos novedosos para desarrollar las relaciones jurídicas y económicas en las que participa el sector público”.
¿Por qué el Estado apela a estas nuevas modalidades para auspiciar la inversión privada y podría ensayarlas en la salud y la educación? Por tres razones fundamentales: la enorme brecha en infraestructura, que afecta también a los sectores de salud y educación; la baja presión tributaria, en un país en que un escaso 18 por ciento de habitantes paga sus impuestos, mientras otro 82 por ciento (el Perú informal) igual reclama el derecho de ser atendido; y porque ciertos sectores –como salud y educación– han mostrado una histórica ineficacia en el manejo de los recursos públicos, bajo estándares de competitividad bajos o nulos (véase las pruebas PISA).
“INVERSIÓN PRIVADA” NO ES LISURA
El Estado peruano, que desde 1991 ha adoptado políticas de apertura a la inversión privada abandonando su antiguo modelo intervencionista y estatista (cuya ineficacia probó hasta la saciedad desde inicios del siglo 20), ha tomado nota, efectivamente, de las tendencias en el mundo sobre cómo la administración pública puede cumplir de manera más eficaz el propósito que es su razón de ser, esto es, el bien social, y en el caso de la educación gratuita, una que sea de calidad. Las APP forman parte de esas nuevas tendencias.
Entonces, ¿qué lleva a estos dirigentes magisteriales a entrometerse en un asunto de planeamiento público que armoniza perfectamente con el modelo social de mercado que establecieron las constituciones de 1979 y 1993? Ningún otro objetivo que el de tratar de imponer por vía de la fuerza, so pretexto de una “preocupación por la calidad educativa” y para beneficio político de sectores que conocemos de sobra por su extremismo, una visión ideológica de corte comunista que nuestra legislación no ha acogido y difícilmente acogerá.
Los docentes son servidores públicos, cuya labor en la dinámica educativa es de principal orden y merece un reconocimiento permanente, pero dentro de los modelos establecidos y bajo condiciones laborales que no demanden privilegios que otros sectores no tienen.
No es su papel, por tanto, determinar las políticas públicas y mucho menos los criterios legales bajo las cuales se establecen, porque ni fueron elegidos para ello en consulta pública alguna ni tampoco han recibido ese encargo por vía de confianza. Se equivocan así cuando abrazan la bandera contra la supuesta “privatización” mediante las APP y la falacia de una “eliminación de la gratuidad de la enseñanza”.
¿Qué lleva a dirigentes magisteriales a entrometerse en un asunto de planeamiento público?: tratar de imponer por la fuerza una visión ideológica de corte comunista.
El modelo comunista—estatista no está en vigencia en el Perú; que hayan quedado rezagos de concesiones que se hicieron en el pasado a este modelo no obliga a mantenerlos en vigor para contentar a nadie. Y la palabra “inversión privada” no es lisura. Por eso, como ciudadanos, los maestros tienen todo el derecho de expresar su disconformidad. Como trabajadores, les asiste el derecho a huelga por sus demandas salariales insatisfechas. Pero como servidores públicos, no les corresponde poner las reglas de un juego que no es el suyo: cómo decide el Estado cumplir con su tarea educativa, bajo qué modelo que le resulte más eficaz.
Pero las dirigencias magisteriales –sobre todo las más cercanas a Pedro Castillo– persisten en esta pretensión, mediante fantásticas teorías conspirativas que confunden al grueso de los profesores, y una vez más ponen en evidencia cuáles son los verdaderos fines que persiguen con esta intransigencia y para quién preparan el terreno con estas protestas ideológicas.
